El Gobierno de Javier Milei apeló el fallo que declaró inconstitucional el freno a la Ley de Financiamiento Universitario y consiguió que la Justicia le concediera el recurso. Sin embargo, la presentación no suspendió la medida cautelar que obliga al Ejecutivo a cumplir con las partidas presupuestarias previstas en la norma, por lo que la orden de aplicación sigue vigente.
La apelación abre una nueva instancia judicial en la disputa por los fondos destinados a las universidades públicas. Mientras el Gobierno insiste con sus argumentos sobre el equilibrio de las cuentas públicas, la ejecución de la ley continúa siendo el eje del conflicto.
La apelación no frena la cautelar
El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, concedió la apelación presentada por el Ejecutivo. No obstante, la causa sigue en trámite con la orden de ejecución de la medida cautelar, que obliga al Gobierno a avanzar con las partidas presupuestarias contempladas en la Ley 27.795.
La decisión se produce después de que el magistrado declarara la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 en el punto que permitía al Ejecutivo invocar una disposición de la Ley 24.629 para suspender la aplicación del financiamiento universitario.
El Gobierno había recurrido a ese argumento para justificar la postergación de las obligaciones presupuestarias, bajo el planteo de que la norma no contaba con los mecanismos de financiamiento necesarios para su ejecución.
El argumento del equilibrio fiscal
La administración de Milei volvió a poner el equilibrio de las cuentas públicas en el centro de su defensa judicial. Se trata de uno de los argumentos que ya había utilizado para vetar la ley y justificar el decreto que frenó su aplicación.
La controversia, sin embargo, excede la discusión sobre la disponibilidad de recursos. En su resolución, Cormick consideró que el Poder Ejecutivo no podía utilizar una norma anterior para impedir la aplicación de una ley posterior que había sido ratificada por el Congreso con la mayoría de dos tercios exigida por la Constitución Nacional.
El fallo también señaló que la Ley 27.795 contempla pautas de financiamiento en su articulado y sostuvo que las decisiones presupuestarias no quedan al margen del control judicial cuando pueden afectar derechos constitucionales.
Una ley ratificada por el Congreso
La Ley de Financiamiento Universitario atravesó una disputa parlamentaria con el Ejecutivo, que primero la vetó y luego intentó postergar su aplicación. Ambas cámaras del Congreso insistieron con la norma al reunir los dos tercios de los votos, una mayoría que permite dejar sin efecto un veto presidencial.
Pese a ese recorrido legislativo, el financiamiento sigue en el centro de una batalla judicial. La nueva apelación del Gobierno suma otro capítulo al expediente, aunque, por el momento, no lo exime de cumplir con la medida cautelar que ordena ejecutar las partidas presupuestarias.
