En lel programa “Todo no se puede” de LA CIELO 103.5, el equipo integrado por Juan Cruz Coscarelli, el “Gallego” de Besa y Nadia Teclaf abordó la creciente discusión legislativa en torno a la regulación e intromisión de los teléfonos móviles en las aulas secundarias. Durante el intercambio, Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), fijó la postura del sector frente a las iniciativas parlamentarias. “Nosotros como institución pedimos autonomía institucional y respaldo legal para aplicar las regulaciones“, aseveró el dirigente al inicio de la charla.
Vacío de autoridad y el temor a reacciones violentas
Zurita enfatizó que prohibir la tecnología sin otorgar garantías jurídicas ni herramientas concretas a los directivos solo termina erosionando el principio de autoridad. “Si se prohíbe pero no hay consecuencias claras para un incumplimiento, termina debilitando la autoridad institucional y creo que eso es lo que está ocurriendo muchas veces donde se está vaciando la autoridad de la escuela“, remarcó. Para el representante de AIEPBA, el dilema no es novedoso, recordando resoluciones previas como la impulsada en 2006 por la entonces ministra Elena Duro.
Uno de los puntos más álgidos de la conversación radicó en los roces y tensiones cotidianas que desencadena el decomiso de los dispositivos dentro del establecimiento. “Muchas veces ocurre que una retención de un celular por parte de un docente a un alumno genera en la familia reclamos, y muchas veces hasta reclamos muy violentos“, alertó Zurita. En este sentido, denunció que la falta de reglas claras por parte de las autoridades educativas deja indefensas a las escuelas cuando la justicia o las inspecciones terminan desdiciendo las sanciones impuestas.
Autonomía pedagógica e inequidad de recursos
Respecto a las asimetrías edilicias y presupuestarias entre instituciones, el referente explicó que una prohibición tajante ignora la disparidad de recursos pedagógicos. “Hay muchas instituciones que han decidido internamente la prohibición del uso pero tienen resuelto el tema de la tecnología porque tienen una muy buena sala de computación o tienen para darle a cada alumno una computadora portátil, pero hay otras escuelas que no lo tienen y el teléfono es un recurso importante“, sostuvo. En esa línea, coincidió con la postura pública del ministro Alberto Sileoni de otorgar margen de decisión a cada comunidad educativa según sus profesionales e infraestructura.
Resistencia al cambio, ludopatía y responsabilidad compartida
Al evaluar el valor didáctico de las pantallas, Zurita aclaró que el celular no es indispensable, pero se consolida como un insumo valioso si se encauza correctamente en el proceso de enseñanza. Para graficarlo, compartió su vivencia en las aulas, “yo además de trabajar en AIEPBA soy profesor de historia y realmente cada vez que estamos hablando de una época artística y vamos a ver un cuadro del Louvre, lo sacan dos minutos, vemos el cuadro y me evita estar yendo a la sala de computación y perder tal vez 40 minutos de clase“. Bajo esa premisa, sintetizó: “La tecnología tiene que ser una aliada de los docentes“.
Para contextualizar las resistencias que genera la transformación digital, Zurita trazó un paralelismo histórico. “Recuerdo cuando a fines de los 70 o principios de los 80 se hacían manifestaciones de docentes por el uso de la calculadora; la tecnología finalmente se va imponiendo“, analizó. No obstante, reconoció la preocupación genuina por las distracciones, las apuestas en línea y los casos de violencia o acoso digital en redes. “Hay que entender la realidad de muchos docentes que dicen que es un factor distractor o ver todos los problemas que genera el uso indiscriminado de aplicaciones, como la ludopatía o la violencia digital“, concluyó, reafirmando que la responsabilidad debe ser compartida entre la escuela y las familias
