El Concejo Deliberante de Pilar aprobó el Régimen Municipal de Prevención del Narcotráfico y del Lavado de Activos, una ordenanza impulsada por la gestión del intendente Federico Achával (Fuerza Patria) para establecer controles sobre inversiones y emprendimientos que requieran habilitaciones municipales.
La iniciativa fue aprobada con los votos de Unión por la Patria, mientras que los concejales de La Libertad Avanza votaron en contra, en una sesión atravesada además por la polémica del “edilicio narco” de la Panamericana que el municipio utilizó durante la pandemia como vacunatorio pero que luego debió ser devuelto a sus propietarios por orden de la Justicia.
La nueva normativa apunta a evitar que recursos, bienes o activos provenientes del narcotráfico puedan incorporarse a la economía formal del distrito a través de desarrollos inmobiliarios, emprendimientos comerciales u otras inversiones
En ese sentido, establece una suerte de “ficha limpia” para las inversiones que busquen radicarse en Pilar, con mecanismos destinados a conocer el origen de los fondos y a identificar a los responsables finales de las estructuras jurídicas involucradas.
Qué establece el régimen aprobado en Pilar
Las personas físicas o jurídicas que soliciten habilitaciones, permisos o aprobaciones municipales vinculadas con inversiones o emprendimientos deberán presentar una Declaración Jurada de Origen Lícito de Fondos y declarar la inexistencia de impedimentos vinculados con investigaciones por narcotráfico o lavado de activos.
Entre otros puntos, deberán informar quién es el titular de la inversión, cuál es la actividad económica declarada, el monto y origen de los recursos y qué sociedades, fideicomisos u otras estructuras jurídicas intervienen en la operación.
La ordenanza también prevé identificar, cuando corresponda, a los beneficiarios finales, es decir, las personas físicas que ejercen el control efectivo de sociedades u otras estructuras jurídicas.
Además, contempla controles reforzados para grandes desarrollos inmobiliarios, inversiones de elevada magnitud o esquemas societarios complejos.
Uno de los puntos centrales establece que, si una persona o beneficiario de una inversión se encuentra investigado o procesado en causas vinculadas con narcotráfico o lavado de dinero asociado a esa actividad, la habilitación o autorización municipal podrá ser impedida.
La intención de la norma es, justamente, evitar que Pilar pueda convertirse en una puerta de entrada para capitales de origen ilícito bajo la forma de inversiones inmobiliarias o comerciales.
Los libertarios votaron en contra
Aunque la iniciativa fue aprobada por mayoría, La Libertad Avanza rechazó el proyecto. Los concejales presentes Andrés Genna, María Ratti, Solana Marchesán y Juan Pablo Casañas votaron en contra de la creación del régimen.
La posición libertaria generó un fuerte cruce durante la sesión, especialmente porque el debate coincidió con la repercusión que tuvo en los últimos días la situación del vacunatorio ubicado en el predio del kilómetro 46 de la Panamericana.
Desde La Libertad Avanza, María Ratti cuestionó el estado en el que se encuentra actualmente el lugar y apuntó contra la gestión municipal. “Se la pasaron haciendo propaganda sobre la épica del vacunatorio y ahora vemos toneladas de insumos pagados con nuestros impuestos tirados a la basura”, sostuvo.
La respuesta llegó desde el oficialismo. El concejal Silvio Rodríguez, de Fuerza Patria, cuestionó duramente a los libertarios y remarcó que, según planteó durante la sesión, no habían presentado iniciativas propias en el Concejo sobre la problemática.
Rodríguez defendió además la aprobación del nuevo régimen y sostuvo que el Municipio no dará marcha atrás frente a “ninguna presión, operación ni programa de televisión” cuando se trate de impedir el ingreso de fondos vinculados al narcotráfico.
Durante su intervención, Rodríguez también apuntó contra La Libertad Avanza y recordó el caso de José Luis Espert, al cuestionar lo que definió como antecedentes del espacio libertario en torno a dirigentes investigados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
En ese contexto, mencionó además al dirigente local Juan Martín Tito, a quien identificó como uno de los referentes que respaldaron políticamente a Espert en Pilar. El concejal también cuestionó a Andrés Genna por sus posiciones en redes sociales respecto de inversores interesados en reflotar el proyecto de la estación Panamericana, uno de los puntos que el oficialismo vinculó políticamente con la discusión sobre los controles a las inversiones en el distrito.
El vacunatorio y una historia atravesada por una causa por narcotráfico
La discusión por el vacunatorio tiene un vínculo directo con el espíritu de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante.
Desde el Municipio de Pilar explicaron que, mientras el predio del kilómetro 46 de la Panamericana estuvo bajo cuidado comunal, allí funcionaron tanto el vacunatorio como el espacio destinado a la realización de licencias de conducir.
Según la versión oficial y frente a los informes televisivos de canales porteños durante ese período el lugar se mantuvo en condiciones y funcionó como un vacunatorio de referencia, donde se aplicaron cientos de miles de dosis.
Sin embargo, el Municipio sostuvo que posteriormente, por decisión de la Justicia, el predio fue entregado a una persona investigada presuntamente por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Desde entonces, según explicaron, la administración municipal quedó imposibilitada de ingresar al lugar o realizar tareas de mantenimiento.
El edificio terminó embargado en el marco de una causa judicial en la que están procesados la viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria. El expediente investiga inversiones locales vinculadas al narcotraficante colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, detenido actualmente en Estados Unidos y señalado por sus vínculos con la Oficina de Envigado, organización surgida tras la caída del Cartel de Medellín.
De esta manera, el oficialismo buscó conectar directamente la situación actual del vacunatorio con la necesidad de contar con herramientas municipales que permitan conocer quiénes están detrás de determinadas inversiones y cuál es el origen de los fondos con los que se financian.
La paradoja política quedó expuesta durante la sesión: mientras La Libertad Avanza cuestionaba al Municipio por el deterioro del vacunatorio, el oficialismo defendía una ordenanza destinada precisamente a reforzar los controles para impedir que inversiones o emprendimientos vinculados con el narcotráfico puedan instalarse en Pilar.
El proyecto finalmente fue aprobado por mayoría, con el voto negativo de los representantes libertarios.
