Un informe del organismo de derechos humanos reveló vejaciones sistemáticas ejecutadas por autoridades de la Unidad 51 e integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias, contando con la directa complicidad de personal sanitario
Una grave denuncia por torturas y abusos sexuales conmovió al sistema penitenciario bonaerense tras los hechos ocurridos en la Unidad 51 de Magdalena. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) documentó y presentó ante la justicia una serie de prácticas vejatorias perpetradas por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense y miembros del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) contra cinco mujeres privadas de su libertad.
Ante estos aberrantes hechos, en la madrugada de hoy, en virtud de la orden emanada del juzgado de garantías Nro 4, a cargo del Dr. Juan Pablo Masi, y fruto del trabajo conjunto y las tareas coordinadas con la fiscalía actuante, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, se produjeron 15 detenciones en distintas dependencias carcelarias, con la finalidad de asegurar prueba y poner a disposición de la Justicia a las personas involucradas en los hechos de público conocimiento acaecidos en la Unidad 51 de Magdalena el pasado mes de junio.
Por su parte, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reafirman su compromiso con el total esclarecimiento de los hechos ocurridos, en función del estricto cumplimiento de las normas constitucionales y convencionales y del prestigio institucional que es nuestro deber resguardar.
Violencia sistemática y agresiones sexuales
De acuerdo con los testimonios recabados por la CPM, los ataques incluyeron la aplicación de torturas como el submarino húmedo, severas golpizas, privación de alimentos y agua, además de ataques sexuales hacia dos de las internas. La jefa de la dependencia, Daiana Balmaceda, encabezó los procedimientos abusivos junto a otros efectivos masculinos que actuaron encapuchados, forzando a las víctimas a desnudarse y sometiéndolas a tratos humillantes
Complicidad médica e inacción inicial
Los informes del organismo evidenciaron además la connivencia del área de sanidad de la unidad penitenciaria. Pese a la gravedad de las lesiones físicas y el crítico estado psicológico de las víctimas —una de las cuales intentó quitarse la vida tras las agresiones—, el personal médico emitió reportes superficiales negando la existencia de heridas recientes y rehusándose a brindarles la asistencia profesional correspondiente.
Respuesta judicial y reclamo de la CPM
Tras la difusión de las denuncias, el Servicio Penitenciario y Asuntos Internos dispusieron el desplazamiento de las autoridades y agentes involucrados. No obstante, la intervención legal enfrentó trabas cuando el Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata rechazó la presentación de la CPM como particular damnificado.
Esta decisión fue apelada por la institución al considerarla un obstáculo para el esclarecimiento de los delitos y una clara violación a los marcos normativos vigentes sobre prevención de la tortura.
