Un verdadero escándalo quedó expuesto entre los municipios de Tandil y Azul luego de que una familia de 11 personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas cinco menores, fuera encontrada en la estación de trenes de la primera localidad tras haber sido trasladada hasta allí en una combi perteneciente al municipio que conduce el intendente camporista Nelson Sombra.
Desde Tandil, ciudad administrada por el radical Miguel Lunghi, sostienen que nadie coordinó la llegada de las personas y que uno de los integrantes de la familia les aseguró haber sido enviado con la promesa de recibir alojamiento y asistencia. Azul, en cambio, afirma que el viaje fue solicitado por el propio grupo familiar. La situación trascendió durante la noche del jueves 13 de agosto y fue dada a conocer por el sitio local La Voz de Tandil.
Fuentes del municipio de Tandil ratificaron la publicación y explicaron a Infocielo que una trabajadora social de Desarrollo Social y Hábitat de la comuna acudió a la estación tras la activación del protocolo para personas en situación de calle. Allí encontró al grupo familiar, que relató que había sido trasladado desde Azul y dejado en el lugar.
Según la versión recogida por las autoridades tandilenses, el padre de familia les habría dicho que en la ciudad los estaban esperando para brindarles asistencia y alojamiento. Sin embargo, llegaron sin abrigo, con lo puesto y después de varias horas sin comer.
Ante esa situación, el Municipio de Tandil activó el protocolo de emergencia y alojó al grupo en espacios municipales. La Policía también intervino y solicitó a los integrantes de la familia que realizaran una exposición en la Comisaría sobre lo ocurrido.
Tandil apunta contra Azul
Desde la Secretaría de Protección Ciudadana de Tandil, que conduce Alejandra Marcieri, remarcaron que no existió una comunicación previa del Municipio de Azul para coordinar la llegada de la familia ni solicitar asistencia para los menores o para las personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad.
El caso generó además una investigación de oficio por averiguación de ilícito a partir de la exposición realizada por los integrantes de la familia, quienes dijeron haber sido “tirados como perros”.
La revisión de las cámaras de seguridad permitió, según la información brindada desde Tandil, corroborar que el grupo había llegado a la ciudad en una combi municipal de Azul.
El dato adquiere especial relevancia porque, de acuerdo con la información que manejan desde la comuna tandilense, la familia tenía una causa activa en Azul y debía encontrarse bajo seguimiento de las autoridades policiales mediante una custodia dinámica.
La pregunta que quedó planteada es por qué una familia que se encontraba bajo ese esquema terminó trasladada a otra ciudad sin que existiera, según Tandil, una coordinación previa entre ambos municipios.
La denuncia contra funcionarios
El escándalo también llegó a la Justicia. El concejal de la UCR de Azul Agustín Puyou, quien conoce en detalle el caso y ha brindado colaboración a la familia, presentó una denuncia ante el fiscal Ignacio Calonje, de la Unidad Funcional de Violencia Institucional de Azul, contra secretarios municipales y el intendente Nelson Sombra.
La presentación apunta a posibles delitos de abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, agravados —según el denunciante— por la presencia de menores y personas adultas en situación de vulnerabilidad.
Puyou sostiene que la familia ya se encontraba bajo asistencia municipal y que contaba con un convenio de relocalización debido a la insalubridad del asentamiento precario Los Piletones.
Según su relato, el lunes 10 de agosto una mujer del grupo había denunciado haber sufrido violencia vecinal y exhibido lesiones. A partir de esa situación se había pedido la intervención de distintas áreas municipales y custodia policial para garantizar el resguardo de la familia.
Tres días después, según la denuncia, se produjo el traslado a Tandil. El concejal afirma que el jueves 13 se encontraba en el Municipio intentando encontrar una solución cuando la familia fue llevada hacia la ciudad vecina. Cerca de las 22:40 recibió un audio en el que uno de sus integrantes del grupo le comunicaba que habían sido dejados en la estación de trenes de Tandil.
Puyou asegura que inmediatamente envió audios y videos a funcionarios municipales y que al día siguiente recibió la confirmación desde Tandil de que la familia efectivamente había sido dejada allí y que había tenido que realizar una denuncia.
La versión del municipio de Azul
Desde el Municipio de Azul niegan que se haya tratado de un abandono y ofrecen una explicación diferente.
Fuentes municipales indicaron a Infocielo que fue la propia familia la que pidió ser trasladada a Tandil porque aseguraba tener allí una posibilidad laboral y alojamiento. Según esta versión, el grupo había pedido viajar con urgencia porque tenía “todo armado” en la ciudad.
También afirman que hubo acompañamiento profesional durante el procedimiento, que los integrantes de la familia firmaron un consentimiento y que recibieron información sobre dónde iban a vivir y en qué trabajarían.
El traslado, admiten, existió y se realizó en un vehículo municipal. Pero aseguran que el destino fue el solicitado por la propia familia y que no se trató de una decisión unilateral de las autoridades para desprenderse del grupo.
La diferencia entre ambas versiones es ahora el eje de la investigación: Tandil sostiene que recibió a una familia vulnerable que había sido trasladada sin coordinación y dejada en una estación; Azul afirma que cumplió con un pedido expreso de sus integrantes, quienes habían manifestado que contaban con alojamiento y trabajo en Tandil.
Una familia en el centro de la disputa
Más allá de la pelea política y de las responsabilidades que deberá determinar la Justicia, el episodio dejó una escena difícil de explicar: 11 personas, incluidos cinco menores, terminaron de noche en una estación de trenes, lejos de la ciudad donde residían y sin una asistencia previamente coordinada.
Tandil debió activar su protocolo para personas en situación de calle y alojar al grupo para evitar que quedara en la vía pública. Ahora, además de la investigación penal, el Municipio de Azul deberá responder formalmente por el procedimiento utilizado.
Y la Justicia tendrá que establecer qué ocurrió realmente: quién decidió el traslado, qué se les informó a los integrantes de la familia, qué destino se había acordado y por qué una familia en situación de vulnerabilidad terminó necesitando asistencia de emergencia en otra ciudad.
