Mientras crece la cantidad de argentinos que no logran hacer frente a sus deudas y cada vez más hogares recurren a las tarjetas de crédito y billeteras virtuales para cubrir gastos básicos, el Gobierno decidió flexibilizar el acceso de las empresas al financiamiento en dólares. El anuncio de Luis Caputo volvió a poner en primer plano una de las principales contradicciones de la política crediticia oficial: más facilidades para las compañías, mientras para los consumidores endeudados la respuesta es que se trata de un problema entre privados.
El ministro de Economía anunció una “flexibilización parcial” de los préstamos en dólares para personas jurídicas, una medida que, según explicó, responde a un pedido de distintos sectores industriales y busca incrementar el nivel de crédito disponible para la actividad productiva.
Hasta ahora, los bancos podían utilizar sus depósitos en dólares para financiar principalmente a empresas que generaran ingresos en esa misma moneda o que contaran con garantías de compañías que sí los generaran. Con el nuevo esquema, esa restricción se amplía y más empresas podrán acceder a ese tipo de financiamiento.
El límite será que las entidades financieras podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos en dólares. La implementación estará acompañada por nuevas condiciones macroprudenciales que deberá establecer el Banco Central, con el objetivo de contener los riesgos asociados a los préstamos en moneda extranjera.
Caputo defendió la decisión como una herramienta para reactivar la economía. Según sostuvo, el mayor acceso al financiamiento podría contribuir a bajar las tasas en pesos, impulsar la inversión, generar empleo y dinamizar sectores como la construcción y la industria automotriz.
“Es el timing apropiado”, argumentó el ministro, al señalar que las tasas en pesos todavía se mantienen elevadas y dificultan la rentabilidad de determinados proyectos. También vinculó la decisión con el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal que el Gobierno pretende enviar al Congreso, bajo la premisa de que existen dólares ahorrados fuera del sistema financiero que podrían volver a circular.
El objetivo oficial es que las empresas encuentren una alternativa de financiamiento a una tasa considerada razonable y, al mismo tiempo, que los ahorristas tengan un incentivo para sacar sus dólares del “colchón” y depositarlos en los bancos.
Sin embargo, detrás del anuncio aparece otra realidad: la de miles de familias que ya tienen serias dificultades para pagar las deudas que contrajeron para sostener su consumo cotidiano.
Más crédito para las empresas, más deuda para las familias
El propio Gobierno viene reconociendo el problema de la morosidad de los hogares. El aumento del costo de vida, la pérdida de poder adquisitivo y la necesidad de recurrir al crédito para afrontar gastos corrientes dejaron a una parte de los consumidores atrapados en deudas que, para muchos, resultan cada vez más difíciles de cancelar.
Tarjetas utilizadas para comprar alimentos, préstamos personales y créditos otorgados por billeteras virtuales se convirtieron en una vía de financiamiento para quienes no llegan a fin de mes. En ese escenario, las tasas de algunas aplicaciones y plataformas financieras alcanzan niveles que vuelven prácticamente imposible sostener la deuda para quienes necesitan volver a pedir dinero para pagar gastos básicos.
Consultado por los elevados niveles de mora, Caputo sostuvo que el Gobierno siguió el problema desde el comienzo de la gestión y que mantuvo conversaciones con los bancos para pedirles flexibilidad en las refinanciaciones. El ministro aseguró que las entidades comenzaron a ofrecer reestructuraciones de las deudas a plazos de hasta tres años, con tasas de entre 20% y 25%, y afirmó que una parte importante de los deudores ya se encuentra pagando esos acuerdos.
Pero, al mismo tiempo, descartó que el Estado deba implementar un rescate para quienes quedaron atrapados en el endeudamiento. “No hay que confundir empatía con políticas públicas”, planteó Caputo, al remarcar que el Gobierno no utilizará recursos de los contribuyentes para resolver las deudas contraídas entre bancos, empresas financieras y consumidores.
El argumento oficial es que se trata de una relación entre privados y que el Estado no debería intervenir utilizando fondos públicos para cubrir los errores o las decisiones de quienes otorgaron o tomaron los créditos.
Milei y la lógica de “nadie les puso un revólver en la cabeza”
La postura de Caputo se inscribe en una línea que el propio Javier Milei ya expresó al referirse al endeudamiento de los argentinos: “nadie les puso un revólver en la cabeza para que se endeuden”.
La frase sintetiza la mirada del Gobierno sobre el problema: la responsabilidad por las deudas recaería principalmente sobre quienes decidieron tomar los créditos, incluso en un contexto en el que cada vez más familias utilizan financiamiento para cubrir necesidades cotidianas y no para realizar consumos extraordinarios.
La discusión, así, queda planteada entre dos realidades muy diferentes. Por un lado, el Ejecutivo busca ampliar el crédito disponible para las empresas y considera que una mayor circulación de dólares puede impulsar la inversión y la actividad económica. Por el otro, los hogares que ya están endeudados enfrentan tasas, refinanciaciones y plazos que pueden prolongar durante meses o años el problema.
Caputo explicó que la salida de la mora tampoco es inmediata. Para que un deudor deje de figurar como moroso debe atravesar un proceso de pagos sostenidos y, dependiendo del nivel de atraso en el que se encuentre, la regularización puede demandar entre seis y doce meses.
Es decir que, aunque los bancos ya hayan comenzado a refinanciar parte de las deudas, el impacto de esas medidas no se reflejará inmediatamente en las estadísticas de morosidad.
Las billeteras virtuales, en la mira
El ministro también apuntó contra las tasas cobradas por algunas billeteras virtuales. Ante una consulta sobre créditos con costos financieros que pueden llegar al 400% o incluso al 700%, Caputo calificó esos niveles como “abusivos”, aunque aclaró que actualmente no existe una regulación que impida a esas empresas cobrar esas tasas.
La respuesta volvió a ser la misma: se trata de un vínculo entre privados. El contraste resulta especialmente fuerte en un contexto donde el crédito dejó de funcionar exclusivamente como una herramienta para financiar grandes compras o inversiones y pasó a ser, para numerosos hogares, una forma de sostener el consumo básico.
Mientras el Gobierno apuesta a que una mayor disponibilidad de dólares para las empresas contribuya a reactivar la economía, el problema del endeudamiento familiar continúa acumulándose. Y frente a quienes ya no pueden pagar, la estrategia oficial no contempla un salvataje estatal sino refinanciaciones privadas y la expectativa de que, con el paso del tiempo, la morosidad comience a descender.
La paradoja queda expuesta: el Gobierno busca ampliar el acceso al crédito para que las empresas inviertan y crezcan, mientras millones de consumidores enfrentan las consecuencias de haber tenido que recurrir al crédito para llegar a fin de mes.
