La Justicia volvió a poner bajo la lupa a Matías Rappallini, el intendente radical de Maipú que en 2019 consiguió su reelección por apenas 49 votos y que desde entonces quedó vinculado a una investigación por presuntas maniobras para impedir que vecinos del distrito pudieran votar. La Cámara Nacional Electoral confirmó ahora su procesamiento por delitos electorales, en una causa que también alcanza a la intendenta interina Lorena Otermín.
El expediente se remonta a las elecciones generales del 27 de octubre de 2019. En aquella oportunidad, Rappallini se impuso por 4.212 votos contra 4.163 de su rival, Carlos Coudannes, una diferencia de apenas 49 sufragios. Poco después de los comicios comenzaron a acumularse denuncias de vecinos que aseguraban que les habían retenido sus DNI y que, por ese motivo, no habían podido concurrir a votar.
La investigación judicial avanzó durante los años siguientes y reconstruyó un mecanismo que, según los elementos incorporados al expediente, habría involucrado a al menos 27 personas. Los denunciantes describieron una modalidad similar: días o semanas antes de la elección recibían ofrecimientos de dinero, alimentos, materiales para la construcción, colchones, ayudas sociales o gestiones ante el municipio a cambio de entregar sus documentos.
En otros casos, la investigación detectó situaciones todavía más graves. Trabajadores vinculados a una cooperativa municipal denunciaron haber sido amenazados con perder su fuente laboral si no entregaban el DNI. También aparecieron testimonios sobre personas que eran acompañadas a votar y sobre mecanismos destinados a comprobar que determinados electores colocaran en el cuarto oscuro la boleta del oficialismo local.
Una elección definida por 49 votos
El dato que vuelve especialmente sensible el expediente es el margen con el que Rappallini retuvo el municipio en aquella elección. La diferencia entre el oficialismo y el Frente de Todos fue menor incluso que la cantidad de personas que, según la investigación, habrían sido impedidas de votar.
La denuncia opositora fue presentada inmediatamente después de los comicios y reclamó la impugnación de la elección. En ese momento, Rappallini rechazó las acusaciones y sostuvo que se trataba de una maniobra para cuestionar su triunfo. Sin embargo, la causa penal continuó y con el paso del tiempo incorporó testimonios, registros de comunicaciones y otras pruebas.
El juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla sostuvo que las maniobras, que inicialmente podían aparecer como prácticas de clientelismo o compra de votos, terminaron configurando delitos electorales concretos orientados a impedir el ejercicio del sufragio. En abril de 2026 procesó a Rappallini y Otermín y dispuso además un embargo sobre sus bienes cercano a los 30 millones de pesos.
Ahora, la Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento. La acusación está encuadrada en los artículos 137 y 140 del Código Nacional Electoral, vinculados con la retención indebida de documentos y la inducción mediante engaños a abstenerse de votar.
El tribunal remarcó que el DNI no es simplemente una identificación personal durante una elección: es el instrumento que permite acreditar la identidad y ejercer el derecho al sufragio. Por eso, sostuvo que cualquier maniobra destinada a retenerlo y evitar que una persona vote afecta directamente la libertad electoral.
Un poder familiar con larga presencia en Maipú
El caso también vuelve a poner el foco sobre la trayectoria política de Rappallini y su familia en Maipú. Matías gobierna el distrito desde 2015, cuando sucedió a su hermano Aníbal, quien había sido intendente durante los ocho años anteriores. En 2023 consiguió un tercer mandato consecutivo.
Sin embargo, en junio de 2024 decidió pedir una licencia por tiempo indeterminado y sin goce de sueldo para dedicarse a la administración de Gigot Cosméticos, la empresa familiar. Desde entonces, Otermín quedó al frente del Ejecutivo municipal. La propia Municipalidad de Maipú continúa identificando a Rappallini como intendente, aunque en uso de licencia.
La causa electoral, de todos modos, nunca quedó cerrada. Entre 2022 y 2023 ya habían sido procesadas otras personas vinculadas al municipio por maniobras similares, y esos procesamientos fueron confirmados por la Cámara Nacional Electoral, que consideró acreditada la existencia de un mecanismo organizado para intervenir en el proceso electoral.
En 2025 la investigación avanzó con un pedido de elevación a juicio y, durante 2026, la Fiscalía solicitó nuevas declaraciones indagatorias. El procesamiento de Rappallini representa así uno de los capítulos centrales de un expediente que lleva casi siete años y que volvió a poner bajo discusión aquel ajustado triunfo electoral de 2019.
Por ahora, se trata de un procesamiento y no de una condena. Pero el dato político permanece: el dirigente que consiguió conservar el poder en Maipú por 49 votos quedó formalmente procesado por una investigación que sostiene que, en aquella misma elección, hubo un mecanismo destinado a impedir que decenas de vecinos pudieran ejercer su derecho a votar.
