Más de 45 buques permanecen demorados en distintos puertos del país por el paro de prácticos contra el nuevo régimen impulsado por el Gobierno de Javier Milei. En Buenos Aires, la medida ya afecta la operatoria en La Plata, Quequén, Bahía Blanca, Dock Sud y Zárate-Campana.
El conflicto se desató tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, firmado por Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La norma reemplazó el régimen que regía desde 1991, habilitó el ingreso de nuevos prestadores, estableció tarifas máximas y flexibilizó algunas condiciones para la contratación obligatoria del servicio.
La respuesta de los trabajadores fue dejar de prestar servicios por tiempo indeterminado. El Gobierno, mientras tanto, sostiene que se trata de un “Kiosco” que durante décadas encareció la logística argentina y que la llegada de nuevos jugadores permitirá reducir los costos.
Pero mientras la discusión oficial se plantea en términos de competencia y reducción del denominado “costo argentino”, la primera consecuencia concreta de la reforma aparece en los puertos: buques que no pueden ingresar, salir o completar determinadas operaciones y una cadena logística que comienza a acumular demoras.
Sturzenegger apunta al “costo argentino”
El Gobierno salió a defender la reforma y cuestionó duramente la medida de fuerza. Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que quienes actualmente participan del mercado reaccionaron frente a la llegada de competidores.
“Hay personas que operan en ese mercado y que, ante la entrada de competidores, plantean este reclamo y hacen este paro que perjudica la logística”, sostuvo.
Consultado sobre posibles sanciones, Ravier fue contundente: “Seguramente. No tengo el detalle sobre las sanciones que van a ocurrir, pero sin dudas es algo que va a ocurrir”.
El planteo oficial replica una de las principales banderas de Sturzenegger: abrir mercados, eliminar restricciones y apostar a que la competencia termine reduciendo los precios. El propio ministro presentó al practicaje como uno de los componentes del denominado “costo argentino”.
“Para el que nunca escuchó del tema: practicaje es la tarea de entrar el barco a puerto o conducirlo por una zona peligrosa”, explicó Sturzenegger en redes sociales. “Parece una cosa menor, pero suma un montón a eso que llamamos ‘costo argentino’”, agregó, al comparar los valores del servicio en Argentina con los de otros países.
Ravier siguió la misma línea durante la conferencia oficial. “Lo que hacemos en este caso del practicaje es permitir que puedan entrar nuevos jugadores, eventualmente con precios más competitivos y eso permita que en todo lo que tenga que ver con el traslado de mercadería podamos tener mejores precios”, explicó.
Según el funcionario, la reducción del costo logístico terminaría trasladándose a empresas y consumidores.
El conflicto ya golpea a los puertos bonaerenses
La discusión, sin embargo, tiene una traducción concreta en la provincia de Buenos Aires. En Quequén, fuentes del sector señalaron que los prácticos dejaron de prestar servicios, aunque los buques continuaban realizando tareas de carga. Por ahora, el impacto es parcial, aunque la continuidad del paro podría generar mayores demoras en uno de los principales puertos agroexportadores bonaerenses.
En Bahía Blanca, el conflicto alcanzó una operación vinculada directamente con Vaca Muerta. Un buque destinado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) quedó fondeado frente al complejo portuario sin poder ingresar para descargar la flota técnica que transportaba hacia la futura terminal offshore de Punta Colorada, en Río Negro.
La situación también generó complicaciones en Puerto La Plata, donde la falta de practicaje condicionó movimientos vinculados con hidrocarburos. Fuentes del sector señalaron que un buque cargado con productos de YPF quedó afectado ante la falta de espacio disponible en la rada para completar los movimientos correspondientes.
El escenario también alcanza a Dock Sud , San Nicoolás y Zárate-Campana, mientras crece la preocupación entre los actores de la actividad por el efecto que una prolongación del conflicto podría generar sobre las cargas, los tiempos de espera y los costos de la logística portuaria.
Fuentes bonaerenses consultadas señalaron que todavía resulta prematuro cuantificar el impacto económico total, aunque advirtieron que existe riesgo de una paralización mayor si la medida se extiende.
Más allá del precio del servicio, desde el sector portuario cuestionan que el debate quede reducido a la competencia. Una fuente vinculada a la actividad advirtió sobre las consecuencias que podría tener una flexibilización de las condiciones para determinadas maniobras.
“Están jugando con cosas que no tienen repuesto. Que hagan lo que quieran con la libertad, aunque fijen precios máximos para el practicaje. Lo que no pueden hacer es tomar medidas que afecten la seguridad de la navegación. Es una locura”, sostuvo.
La fuente puso el foco especialmente en las modificaciones vinculadas con las excepciones a la contratación de práctico.
El Gobierno sostiene que el servicio debe dejar de funcionar como un mercado cerrado y que la competencia permitirá reducir los costos del comercio exterior. Los prácticos y sectores vinculados a la actividad, en cambio, advierten que la reforma puede comprometer condiciones de seguridad y cuestionan que una tarea de estas características sea abordada exclusivamente desde la lógica de la desregulación.
La pulseada recién comienza y tiene un escenario concreto donde medir sus efectos: los puertos bonaerenses, donde ya hay buques demorados y una cadena logística que empieza a sentir las consecuencias del conflicto.
