La Justicia convocó a una audiencia entre la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón en un último intento por destrabar el conflicto por Punta Mogotes. El encuentro fue fijado para el próximo 30 de junio, apenas días antes del vencimiento de gran parte de las concesiones de los balnearios del complejo.
La medida fue dispuesta por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata, Simón Isacch, quien deberá resolver el pedido de medida cautelar presentado por el municipio para suspender el proceso licitatorio impulsado por el gobierno bonaerense.
Según la resolución judicial, a la audiencia deberán asistir los abogados de ambas partes o funcionarios con capacidad de decisión sobre el conflicto. El encuentro fue convocado “con carácter previo a resolver la medida cautelar requerida”, una señal de que el magistrado buscará explorar una salida negociada antes de tomar una definición.
La disputa se profundizó luego de que el gobierno de Axel Kicillof anunciara su intención de extender por un año las actuales concesiones de los balnearios mientras avanza en la elaboración de los pliegos para una futura licitación. La iniciativa forma parte del esquema diseñado por la Provincia para transferir posteriormente el complejo a la órbita municipal.
Sin embargo, el gobierno local encabezado por el intendente interino Agustín Neme y referenciado en el legislador provincial Guillermo Montenegro rechaza esa alternativa y reclama que cualquier licitación quede suspendida hasta que Punta Mogotes sea restituida al patrimonio municipal. Bajo ese argumento presentó una cautelar para frenar el proceso impulsado por la Provincia.
Dos posturas enfrentadas
El conflicto se da en medio de las negociaciones por el futuro del complejo balneario. Mientras la Municipalidad sostiene que la Provincia busca condicionar el futuro del predio mediante nuevas concesiones antes de concretar el traspaso, el gobierno bonaerense argumenta que resulta necesario garantizar la continuidad administrativa y operativa de los balnearios.
En su respuesta judicial, la Provincia solicitó que se rechace la medida cautelar promovida por el municipio. A través de la Fiscalía de Estado, advirtió que impedir el llamado a licitación podría generar “un perjuicio concreto e irreparable sobre los actuales concesionarios”, además de afectar el funcionamiento del complejo durante la próxima temporada.
Con ese escenario de fondo, la audiencia convocada para fin de mes aparece como un último intento para acercar posiciones antes de que la Justicia deba pronunciarse sobre un conflicto que volvió a tensar la relación entre la administración bonaerense y el municipio de General Pueyrredón.
