La disputa judicial por la expropiación de YPF sumó este martes un nuevo capítulo favorable para la Argentina. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó el pedido de revisión presentado por los demandantes en el caso Petersen/Eton Park, una decisión que deja firme el fallo dictado meses atrás y fortalece la posición del Estado nacional en uno de los litigios más importantes de las últimas décadas.
La novedad fue comunicada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que informó que el tribunal estadounidense desestimó la solicitud de “rehearing in banc”, un mecanismo mediante el cual los demandantes buscaban que la totalidad de los jueces activos de la Cámara revisaran la sentencia favorable obtenida por la Argentina.
Según destacó el organismo, la resolución constituye “un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación” y reafirma el fallo que había revertido la millonaria condena dictada en primera instancia.
La decisión tiene especial relevancia porque consolida la sentencia emitida en marzo por la propia Cámara de Apelaciones, cuando dejó sin efecto el fallo de la jueza Loretta Preska que obligaba al país a afrontar un pago superior a los 16.100 millones de dólares por la expropiación del 51% de las acciones de YPF realizada en 2012.
Aquella resolución representó un fuerte giro en el expediente. Los jueces entendieron que la legislación argentina que habilitó la recuperación del control de la petrolera debía prevalecer sobre las disposiciones del estatuto de la compañía, un argumento que había sido sostenido desde el inicio por la defensa del Estado argentino y por quienes impulsaron la expropiación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La causa se originó a partir de reclamos de accionistas minoritarios que aseguraban que el Estado debió realizar una oferta pública de adquisición al resto de los tenedores de acciones al momento de la nacionalización. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones concluyó que la decisión adoptada por el Congreso argentino en el marco de una ley de expropiación no podía quedar subordinada a normas internas de una empresa privada.
De esta manera, el tribunal volvió a respaldar la posición jurídica argentina y rechazó un nuevo intento de los fondos demandantes por revertir la decisión favorable obtenida este año.
Desde la Procuración del Tesoro señalaron que el resultado representa “un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado nacional” y remarcaron la importancia de sostener una estrategia jurídica basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa del interés público.
Aunque el litigio aún no está completamente cerrado y los demandantes conservan algunas alternativas procesales, el rechazo de la revisión por parte de la Corte de Apelaciones constituye un nuevo revés para los fondos que impulsaron la demanda y fortalece la posición argentina en un expediente que durante años fue utilizado políticamente para cuestionar la legalidad de la recuperación de YPF.
