Los allanamientos en la Unidad Penitenciaria Bonaerense N° 9 de La Plata destaparon una red de comercio ilegal y uso de tecnología dentro del penal, en un caso que golpea de lleno al Servicio Penitenciario, que depende del Ministerio de Justicia bonaerense.
El episodio se da en paralelo a la avanzada opositora para restringir el uso de celulares en cárceles en espejo a la decisión adoptada por el gobierno nacional y vuelve a poner el foco en el control del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
El procedimiento, que tuvo como epicentro el pabellón 16 —donde se alojan internos con pasado en fuerzas de seguridad—, terminó con el secuestro de más de cien teléfonos celulares, computadoras, routers y hasta consolas de videojuegos como PlayStation 4 y 5.
El volumen y la sofisticación del equipamiento refuerzan las sospechas de una estructura organizada que operaba con cierto grado de permisividad en las autoridades penitenciarias.
Una denuncia interna que destapó el esquema
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por un grupo de internos del propio penal, quienes alertaron sobre un complejo entramado de corrupción, negocios ilegales y violencia dentro del pabellón 16, sección B.
Según afirmaron allí funcionaba una suerte de sistema de “pymes” carcelarias coordinadas por los llamados “limpiezas”, con el interno “Tano” González Scinardo como figura central. Bajo esa lógica, se desplegaban distintas actividades y todo un mercado ilegal de productos y servicios
- Peluquería: cortes a $4.000 o tres paquetes de cigarrillos
- Gastronomía: venta de pizzas, sándwiches y pastas a precios elevados
- Venta masiva de cigarrillos: cerca de 100 paquetes diarios
- Alquiler de Wi-Fi: entre $15.000 y $20.000 mensuales por acceso
El esquema incluía además un sistema de “pago de estadía” y extorsión: los internos debían abonar con cigarrillos o mercadería para permanecer en el pabellón, acceder a visitas o utilizar espacios comunes como el gimnasio.
Complicidad, estafas y violencia
Uno de los puntos más graves de la denuncia es la presunta connivencia de sectores del SPB. Los internos aseguraron que el ingreso de celulares, drogas y otros elementos ilegales contaba con algún nivel de protección o, al menos, omisión por parte de las autoridades.
También describieron un funcionamiento paralelo de la administración: un detenido habría manejado la oficina de ayudantía, con acceso a documentación judicial y llaves del sector.
En paralelo, el pabellón operaría como un “call center” delictivo, con múltiples routers destinados a realizar estafas virtuales y tareas de inteligencia para robos, en presunta conexión con organizaciones externas.
La denuncia incluye además episodios de extrema gravedad: reducción a la servidumbre de internos, golpizas, expulsiones violentas y casos de hostigamiento psicológico que derivaron en internaciones.
El factor político y los cuestionamientos a la gestión Mena
El caso impacta directamente en la órbita de Juan Martín Mena, responsable político del Servicio Penitenciario Bonaerense, en un momento donde su figura ya era cuestionada por la oposición.
En la Legislatura bonaerense avanzan proyectos para regular —e incluso prohibir— el uso de celulares en cárceles, bajo el argumento de que son herramientas clave para la comisión de delitos desde el encierro. El hallazgo de más de un centenar de dispositivos en una sola unidad alimenta ese planteo.
Pero además, en sectores opositores señalan que Mena aparece más enfocado en su rol político y judicial —ligado a la defensa de Cristina Fernández de Kirchner— que en la gestión de un área crítica como el sistema penitenciario.
Un sistema bajo sospecha
El pedido original de los internos incluía la intervención de fuerzas federales —por desconfianza en las estructuras provinciales— y el análisis de billeteras virtuales donde, según estimaciones, se moverían alrededor de $250.000 diarios producto de las maniobras ilegales.
Nada de eso ocurrió. Los allanamientos estuvieron a cargo de la Justicia y la Policía Bonaerense y la investigación por ahora seguirá en la órbita provincial a pesar de los interrogantes planteados por los denunciantes.
El caso de la Unidad 9 no solo expone un entramado delictivo intramuros, sino que reaviva una discusión más amplia sobre las capacidades de manejo del Estado en las cárceles bonaerenses y el costo político e esa pérdida de control.
