El Servicio Penitenciario Federal va a poner en funcionamiento dispositivos para detectar teléfonos dentro de las cárceles y bloquearlos. Así lo dispuso el Ministerio de Seguridad de la Nación en la Resolución 336/26 publicada en el Boletín Oficial de este lunes. Buscan evitar delitos como estafas.
Concretamente, la norma autoriza al Servicio Penitenciario Federal a “instalar y poner en funcionamiento dispositivos de detección y bloqueo de IMEI/IMSI en unidades y establecimientos penitenciarios“. El objetivo de esta iniciativa es “impedir el uso indebido de equipos de comunicación móvil” en las cárceles.
En la Resolución se explicó que “resulta imprescindible adoptar las medidas necesarias para impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios federales utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas“.
Ahora, el Ministerio deberá adquirir la tecnología necesaria para poner en marcha la iniciativa. Básicamente, tiene que instalar los equipos de detección y bloqueo de IMEI/IMSI en las cárceles para ir monitoreando la actividad de los internos. Una vez que se detecte una señal, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios deberá solicitar a la empresa de telecomunicaciones correspondiente el bloqueo y la compañía debería hacerlo en un plazo menor a las 48 horas.
El IMEI (International Mobile Equipment Identity) es el código único que identifica a cada dispositivo móvil a nivel internacional. El IMSI (International Mobile Subscriber Identity) es el identificador de la tarjeta SIM asociada a la suscripción del servicio de telefonía contratado. Al bloquear ambos, las autoridades federales dejarían fuera de servicio tanto la línea como el celular detectado.
¿Qué pasaría en las cárceles de la provincia de Buenos Aires?
La Resolución no afecta a las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Sin embargo, se trata de una idea que podría aplicarse considerando que ya hay varios proyectos en la Legislatura que proponen limitarle a las personas privadas de su libertad el uso de celulares.
Uno de ellos es el de Malena Galmarini, la senadora del Frente Renovador. Como contó INFOCIELO, su propuesta contempla la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todos los establecimientos penitenciarios, además de controles tecnológicos y requisas permanentes para evitar el ingreso de dispositivos móviles.
“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, sostuvo la legisladora al presentar la iniciativa.
El proyecto también establece que las personas privadas de libertad no podrán poseer teléfonos celulares ni dispositivos tecnológicos que permitan comunicaciones no autorizadas, aunque prevé la implementación de sistemas de comunicación supervisados para garantizar el contacto con familiares y abogados. “El que está preso tiene que cumplir la condena que le impuso la Justicia, no seguir delinquiendo desde una celda”, afirmó Galmarini.
En ese sentido, la senadora remarcó que detrás de cada estafa o extorsión telefónica existen víctimas que sufren angustia, miedo y pérdidas económicas, muchas veces bajo amenazas que simulan secuestros o situaciones de violencia contra sus familias. Desde su equipo señalaron que el objetivo del proyecto es proteger a quienes reciben estas llamadas y quedan atrapados en situaciones de desesperación.
La iniciativa fija además un plazo máximo de 180 días para la instalación de los sistemas de inhibición de señal, con el fin de impedir comunicaciones ilegales desde los pabellones penitenciarios. “Cuando el delito se organiza desde las cárceles, el Estado tiene que actuar. Hoy la tecnología existe y hay que usarla para proteger a la sociedad”, concluyó la senadora.
