Veinte diputados nacionales de Fuerza Patria presentaron un reclamo ante la “retención indebida” por parte del ministerio de Economía de la Nación de más de $1,1 billones de pesos que por ley deberían estar destinados al arreglo y mantenimiento de las rutas nacionales.
Se trata de los fondos afectados que se recaudan a través del impuesto a los combustibles que cuentan con una asignación específica al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) que establece que el 28,8% de lo recaudado con el tributo sea destinado a la mejora de las rutas – Fideicomiso de Transporte-.
El monto total retenido por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, llega a una cifra de $1.165.491.000.000, una cifra por demás importante para reparar poder dar soluciones a las rutas que presentan mayor nivel de deterioro tras el abandono de los trabajos.
“La situación resulta especialmente grave porque no se trata de fondos de libre disponibilidad” explicaron los legisladores quienes precisaron que los fondos fueron pisados desde 2024 a la actualidad: más de $354 millones el primer año,, 682 millones en 2025 y $122 millones en el primer bimestre de 2026.
“Esta subejecuación contrasta de manera inadmisible con el estado de abandono de amplios tramos de la red vial nacional” denunciaron.
Continúan las protestas en las rutas nacionales de PBA
El último domingo, vecinos autovooncovados de la provincia de Buenos Aires volvieron a concentrarse en rutas nacionales para exigir por su mantenimiento y el desarrollo de obras viales.
Uno de los puntos de reclamo fue la Rotonda del Cristo en Azul, donde vecinos de esa localidad, Olavarría, Las Flores, La Madrid y Tres Arroyos se movilizaron ante el mal estado de la Ruta Nacional 3 y las demoras que presenta el llamado a licitación
El enojo se centra no solo en los retrasos que existen desde el lanzamiento de la licitación para el Tramo 2 de la Red Federal de Concesiones en Argentina que impulsa el gobierno nacional para la privatización de las rutas, sino porque el llamado no incluye el formato de autovía, una demanda histórica que pretende mitigar la posibilidad de siniestros viales en un tramo altamente transitado como el de San Miguel del Monte y Azul. lanzado por el gobierno de Javier Milei.
Lo propio ocurre con la Ruta 226 en Tandil, donde el pliego licitatorio no contempló los pedidos de numerosos actores sociales, incluido el municipio, para el desarrollo de obras, y cuya no exigencia podrían aumentar el caos de tránsito y mayor inseguridad vial.
A la par de espera este martes una movilización de intendentes y el ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis hacia el ministerio de Economía de la Nación donde presentarán un documento a las autoridades nacionales para retrotraer el precio de los combustibles al 1° de marzo, frenar el recorte de fondos y reactivar la obra pública con los recursos del impuesto a los combustibles.
