Los incendios forestales que afectan desde fines de 2024 a la Patagonia argentina no sólo han devastado una vasta superficie de bosque andino –con cifras que superan ampliamente a las de temporadas previas– sino que también volvieron a poner sobre la mesa el debate sobre la respuesta estatal ante desastres ambientales que se agravan por el cambio climático y la falta de políticas integrales. En la primera línea de responsabilidad aparece el presidente Javier Milei.
Un informe conjunto de organizaciones ambientalistas y sociales titulado “La inacción climática estatal vuelve a empeorar los incendios en la Patagonia” advierte que estos megaincendios no son fenómenos aislados ni meramente naturales sino que son resultado de decisiones humanas estructurales y de una respuesta estatal deficiente frente a la creciente crisis climática.
Las organizaciones –entre ellas Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) y Greenpeace Argentina– señalan que la superficie de bosque afectada se cuadruplicó entre octubre de 2024 y marzo de 2025 respecto al mismo periodo anterior, un salto que, de mantenerse las tendencias actuales, podría multiplicarse aún más hacia fines de este siglo.
Más fuego, menos prevención
El informe subraya varios factores que, según sus firmantes, explican por qué la gestión del fuego ha sido incapaz de contener esta crisis:
- Desfinanciamiento y ejecución presupuestaria insuficiente: El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), organismo central en la prevención y combate de incendios, habría ejecutado menos de una cuarta parte de los recursos que le fueron asignados en 2024, pese a que ese fue uno de los años con mayor cantidad de focos. Para 2026, la partida presupuestaria proyectada refleja una caída real importante respecto a ejercicios anteriores, de casi 80 por ciento respecto a 2025.
- Reducción de capacidades operativas: Además de la financiación, se proyecta una disminución de horas de vuelo de aviones y helicópteros especialmente destinados al combate de incendios, y una caída en la generación de informes esenciales para la alerta temprana.
- Déficit de políticas preventivas: El documento cuestiona la falta de estrategias efectivas de mitigación y prevención, como la regulación de plantaciones forestales de especies exóticas altamente inflamables (como los pinos), planificación territorial y campañas de educación y mitigación de riesgos.
Una respuesta estatal tardía y limitada
En medio de estas críticas y de incendios todavía activos en sectores de Chubut, Río Negro y otras provincias, el presidente Javier Milei realizó su primer pronunciamiento público sobre la crisis, replicando un comunicado oficial que detalla el despliegue de recursos humanos y materiales para combatir los incendios. Esto ocurrió después de días de silencio institucional y cuando las condiciones meteorológicas ofrecieron una mejora temporal, aunque frágil.
El comunicado oficial destaca que 22 de 32 incendios están extinguidos y enumera la participación de múltiples organismos nacionales, fuerzas de seguridad y aportes de empresas privadas. Sin embargo, el énfasis está en la respuesta reactiva al fuego y no en cambios estructurales para evitar futuras catástrofes.
Crisis climática e implicancias estructurales
Más allá de la crítica a la gestión específica de los incendios, las organizaciones firmantes insisten en que estos eventos deben entenderse como parte de la crisis climática global: sequías más prolongadas, olas de calor, vientos intensos y condiciones que favorecen la propagación del fuego no son inevitables sino resultado de tendencias climáticas exacerbadas por las emisiones de gases de efecto invernadero.
La ausencia de políticas públicas robustas que integren prevención, planificación territorial, manejo sostenible de suelos y bosques, y estrategias de mitigación climática implica que Argentina todavía responde a los incendios como emergencias aisladas, en lugar de anticipar y abordar las causas estructurales que los hacen cada vez más frecuentes e intensos.
