Luego de ser llamado a indagatoria por el juez federal Martín Bava, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, salió al cruce con una fuerte carta en la que habló sobre “causas judiciales armadas” y que no tiene fundamentos esa convocatoria.
Luego de calificar como “delincuentes” a quienes cometieron delitos con la Tarjeta Alimentar, Yeza marcó que “se realizaron maniobras judiciales dudosas con la finalidad de crear inestabilidad política” en Pinamar.
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En ese plano marcó que al reciente procesamiento del exsecretario de Desarrollo Social local “en condiciones muy poco claras” se sumó “sin ningún fundamento” su llamado a indagatoria por la causa y que no fue informado de qué se lo acusa.
Luego, desvió el tema hacia la campaña y el manejo del actual gobierno. Por eso, sostuvo que “el populismo en la versión kirchnerista tiene varias facetas, muchas de ellas muy perversas”.
“Por una lado, nombran jueces adictos a ellos mismos y lo hacen desde su histórica mayoría en el Senado de la Nación. Con los aprietes judiciales de estos jueces adictos, te quieren hacer creer que todos los que estamos en política somos lo mismo”, afirmó.
En ese plano, llamó a decir “basta” en las próximas elecciones y a “estar atentos” ante el aprovechamiento de sectores de la oposición sobre el caso.
“No voy a bajar los brazos. No me van a amedrentar con causas judiciales armadas. No me voy a resignar. No voy a darles el gusto. No voy a dejar que sigan expulsando a nuestros hijos del país”, concluyó el intendente.
De qué se trata la denuncia que sacudió a Pinamar
El caso salió a la luz cuando la exsecretaria de Desarrollo Social del municipio, Nora Ponce, presentó una denuncia por “irregularidades” en el manejo de las tarjetas Alimentar, otorgadas por la Nación para la compra de alimentos en las familias más vulnerables.
La estafa se habría consumado a partir del robo de un lote de tarjetas que no habían sido entregadas por la pandemia, que los funcionarios apuntados “vaciaron” en comercios amigos, en lo que representaría un total de $2.092.000 que más tarde fueron transferidos a cuentas personales en el Banco Provincia.
Los implicados son seis en total, y Ponce fue apartada del cargo luego de que el secretario de Desarrollo Social del Municipio, Javier Tumas, sembrara un manto de sospecha sobre la denunciante.
“Le pedí explicaciones de por qué realizó esa denuncia, porque nosotros no estábamos informados de ningún tipo de inconvenientes con las tarjetas. Eran cero informaciones desde la Dirección a la Secretaría”, señaló Tumas en el aire de ESTACIÓN MARINA FM 101.9.
Además, afirmó que por ese motivo “tomamos la decisión de correrla del cargo por un mal desempeño en su función”. Ponce, en efecto, desde el 1 de marzo no es más la titular de Gestión, pero sí mantiene un cargo en la administración pública: fue asignada como Directora de Economía Social del Municipio, a cargo de la Jefatura de Gabinete
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