El último miércoles se llevó a cabo la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para discutir el nuevo cuadro tarifario del servicio luego del congelamiento de las tarifas decreto desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández.
La audiencia por la que desfilaron representantes de las distribuidoras y transportadoras que operan en el país, dirigentes políticos, representantes de los organismos en Defensa de Consumidores y usuarios particulares, fue coordinada por el Gerente General del ENARGAS, Osvaldo Pitrau – dado que el interventor Federico Bernal, se encontraba aislado como contacto estrecho de un caso de Covid-19.
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En su breve intervención, el funcionario dio los detalles técnicos para “poner a consideración de la ciudadanía y de los usuarios una adecuación transitoria de las tarifas de los servicios de transporte y distribución de gas”. Las definiciones políticas, las había expresado semanas atrás el secretario nacional de Energía Darío Martínez, cuando afirmó que el gobierno estaba dispuesto estaba dispuesto a autorizar correcciones tarifarias de hasta un 20% en 2022.
El pedido de las distribuidoras y transportadoras
Las distribuidoras que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pidieron un ajuste tarifario que tendría un impacto en la tarifa final de un 35%.
Sebastián Mazzucchelli, en representación de Metrogas (alcanza al sur del conurbano bonaerense), solicitó aumento del 76,23% a partir de marzo, con tres alternativas de aplicación.
En la primera, el impacto en la tarifa residencial sería del 33%, en la de usuarios comerciales del 24%, los industriales tendrían un ajuste del 3,44% y los usuarios de GNC un 3,01%. En la segunda propuesta, de un 35% para los residenciales y del 20% para los comerciales, en tanto los industriales y el GNC no tendrían cambios en relación con la iniciativa anterior. Por último, la tercera opción de Metrogas tendría un impacto en la tarifa final del 26% para los usuarios residenciales, 19% para los comerciales, 6,34% para los industriales y 2,37% para el GNC.
José Luis Fernández Fontana, de Naturgy Ban (Norte de la provincia de Buenos Aires y noroeste del conurbano), demandó una suba del 82,9% que significaría un incremento promedio de un 29%.
Por su parte, Camuzzi Gas Pampeana a través del gerente de Relaciones Institucionales, Rodrigo Espinosa, solicitó para la provincia de Buenos Aires una suba del 79% cuyo impacto de entre el 26% y el 35% según dos opciones.
En la primera, “llegaría a un aumento de 26% en la factura de un usuario de consumo bajo y de 19% de un usuario de consumo medio. Para un usuario pyme sería de 7%” mientras que en la segunda, un 35% de cargo variable para usuarios residenciales: “llegaría a un aumento de 23% en la factura de un usuario de consumo bajo y de 15% de un usuario de consumo medio. Para un usuario pyme sería de 5%” describió.
A lo largo de sus exposiciones, coincidieron en reclamar “marcos tarifarios estables” y evitar los “cambios en las reglas de juego y los congelamientos de tarifas” que impidan el desarrollo de inversiones y compliquen la prestación adecuada de los servicios. En especial, se refirieron al atraso tarifario respecto a índices como el costo en la construcción, los salarios o los precios mayoristas y al consumidor.
“La capacidad de ajuste debe tener un límite, son servicios esenciales”
Por su parte, diferentes representantes de organizaciones de consumidores y representantes de los usuarios coincidieron en pedir límites y una segmentación del subsidio de las tarifas. En especial, se refirieron a los tarifazos en tiempos del macrismo y en la continuidad de la crisis económica que significó el estallido de la pandemia.
El Defensor de Usuarias y Usuarios, Francisco Verbic, recordó que entre 2016 y 2019 hubo “un incremento injusto e irrazonable que provocó serios problemas sobre la capacidad de pago de usuarias y usuarios, así como también sobre la accesibilidad al servicio. Especialmente en los sectores más vulnerables de nuestra población” dijo.
Valoró el posterior dictado de la ley de emergencia “que incluyó la materia energética y tarifaria, el mantenimiento de los cuadros tarifarios, la intervención de los entes reguladores por, entre otras razones, no haber cumplido con su rol fundamental de proteger a las usuarias y usuarios del servicio, y el desarrollo de la implementación de políticas públicas que consideran a los servicios públicos de transporte y de distribución de gas natural por redes como lo que es: un derecho humano en sí mismo” dijo.
“El principio de razonabilidad exige que la revisión y aumento de la tarifa considere no solo costos y rentabilidad de las empresas sino también especialmente, la capacidad de pago de usuarias y usuarios” subrayó.
Diego Mielnicki, Director de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, pidió “poner el eje en el eslabón más débil de la cadena desde el punto de vista social y económico que son los usuarios del servicio” al referirse a la magnitud de los aumentos dispuestos desde el año 2015.
También hizo hincapié en el concepto de “pobreza energética”, que refiere al porcentaje del salario que deben emplear los usuarios para pagar los servicios esenciales y volvió a insistir con que el eje se ponga en los usuarios, que no tienen escapatoria frente a la imposibilidad de pago.
A su vez, planteó que la “tarifa social es la herramienta principal y única para que puedan acceder a los servicios sectores con situaciones económicas postergadas o con complicaciones en sus finanzas” y recordó que, según reclamos recibidos por la institución, muchos usuarios que recibían este servicio “sufrieron un cambio drástico en 2017 cuando se establecieron los bloques de consumo para el mismo. La demora en el análisis de las solicitudes presentadas también fue mencionada como un tema a tratar”.
“Creemos que la capacidad de ajuste debe tener un límite, son servicios esenciales, no se puede tener una vida digna sin acceder a los servicios de agua y fuentes de energía (gas y luz)”, concluyó.
En las diferentes exposiciones, también se hizo referencia a los beneficios de la ampliación de la Ley de Zonas Frías que benefició con tarifas subsidiadas a muchos distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires. Desde algunos municipios opositores, representantes de las Oficinas de Defensa del Consumidor, denunciaron discriminación con respecto a municipalidades de la zona patagónica que pagan tarifas más baratas, a pesar que en varios distritos tienen registros similares de temperatura.
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