La provincia de Buenos Aires podría recaudar alrededor de $3.000 millones si cobra las multas que se le aplicarían a viajeros bonaerenses que regresaron al país y no cumplieron con el aislamiento mixto en hoteles, según lo disponen las medidas sanitarias para evitar el ingreso de la Cepa Delta.
El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que hay 674 personas, alrededor del 7% de los viajeros, que no cumplieron con el aislamiento obligatorio cuando la Provincia realizó la fiscalización, y a los que se le labró un acta e inició una demanda penal para aplicarles la multa que asciende a $4.3 millones.
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Ante la consulta de INFOCIELO al respecto, Bianco informó que “todavía no se ha hecho efectivo ningún pago”, pese a que “hay muchas de esas 600 personas que se les aplicó efectivamente la multa y la tienen pendiente de pago”.
Desde la Provincia señalaron que la transacción no es inmediata, sino que hay todo un proceso penal y judicial que lleva tiempo. Respecto a posibles usos de ese dinero, Carlos Bianco señaló que “son recursos que ingresan para rentas generales de la Provincia”.
“No tienen una asignación específica, sino que entran al presupuesto provincial como renta general”, confirmó el Jefe de Gabinete de Axel Kicillof.
El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, explicó qué ocurrirá con las multas y con lo recaudado por las mismas.
¿Puede la Provincia recaudar $3.000 millones en multas a viajeros?
La realidad es que entre el acta labrado por los agentes de fiscalización y el pago efectivo de una multa correspondiente hay un camino que puede durar meses, y en el cual aparecen diferentes alternativas para quienes incumplan con la normativa, e incluso librar de culpas a los acusados.
El abogado penalista Darío Saldaño explicó a INFOCIELO que “lo principal es entender que, como delito, el incumplimiento se configura. Y ahí la salida alternativa a la prisión es la imposición de la multa. Esta es la manera fácil de resolver”.
Además, señaló que “en el caso específico de la violación de cuarentena de las personas que entran del exterior se pueden dar varias situaciones” porque “la configuración de las faltas y del delito son dos situaciones distintas. Una cosa es violar el Código Penal y otra es violar las disposiciones administrativas de migraciones y el decreto”.
Según la configuración correspondiente, hay diferentes caminos:
- Las actuaciones sumariales administrativas. Allí “se evalúa el ingreso al país, las condiciones, si cumplió con determinados requisitos, y obviamente la manera en la que fue verificada”.
- La causa penal, ante la conclusión de la autoridad sanitaria.
Bajo la mirada de Saldaño, “la resolución rápida no brinda las garantías para la persona porque generalmente son cuestiones no investigadas. No tienen la investigación propia del proceso penal, y están funcionando muchas veces en la Justicia como una mera certificación de las denuncias o de las actas realizadas por los funcionarios administrativos”.
“Los descargos o explicaciones que puedan brindar las personas sometidas a esta cuestión rara vez son corroboradas por alguna investigación más allá de los propios dichos”, cuestionó el abogado.
Qué pasa si alguien no puede pagar la multa impuesta por la Provincia
El monto establecido por la provincia de Buenos Aires es de $4.3 millones para quienes incumplan el aislamiento al regresar al país desde el extranjero. Hasta el momento sólo hubo un 7% de incumplidores entre los 9.419 bonaerenses que regresaron a la Provincia.
En el caso de que la Justicia decida aplicarles la multa estipulada, y las personas declaren que no pueden pagarlo, “legalmente se prevee un embargo, pero la práctica nos dice otra cosa“, señaló Darío Saldaño.
“En la práctica se sustituye esa multa por otro tipo de cuestiones, ya sea tareas comunitarias y donaciones. O se va a estipular un plazo de tiempo donde se pueda ir pagando en cuotas la multa, como un crédito fijo sin intereses. Pasado ese plazo, queda extinguida la pena”, explicó el abogado a INFOCIELO.
En el proceso judicial, quien fija la pena es uno de los jueces del tribunal luego de determinar la culpabilidad del procesado. Luego, se remite a otro de los jueces del tribunal, o en el caso de Capital Federal, a un juzgado especial que determina las modalidades de ejecución de las penas.
“Eso se va pactando, las modalidades de ejecución, y el margen del monto de aplicación. Generalmente lo hace un organismo distinto al que aplica la sanción, y normalmente es dentro de la misma Justicia Federal”, concluyó Saldaño.
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