A través del Decreto 234/25, el Gobierno Nacional de Javier Milei disolvió el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal. La noticia fue celebrada por varios funcionarios libertarios que hablaron de transparencia, eficiencia y austeridad. Nada más alejado de la realidad.
El fondo en cuestión había sido creado en 1999 para financiar obras de ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica de alta tensión. Sus recursos salían de un impuesto que consistía en el incremento del 0,0006% por kilovatio-hora en el cargo establecido para cada operación de compra de energía eléctrica en el mercado mayorista. De acuerdo a documentos oficiales, al 31 de diciembre de 2024 registró un saldo positivo de 61.300 millones de pesos y un crédito del BID por hasta 200 millones de dólares.
Lo llamativo es que la eliminación del fondo no incluyó la quita del recargo ni la baja en el precio de la energía. En los hechos, el Gobierno Nacional lo que hizo fue eliminar ese contrato que obligaba a utilizar el dinero de una manera específica para pasarle los recursos al Ministerio de Economía y que la cartera de Luis Caputo decida.
Por lo pronto, desde el Gobierno Nacional prometieron que “la disolución de este Fondo Fiduciario no alterará la continuidad de la política pública para financiar las obras necesarias para ampliar el sistema de transporte de energía eléctrica, tarea que seguirá a cargo de la Secretaría de Energía”.
La cruzada libertaria contra los fondos fiduciarios
El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal es la víctima 22 de la administración libertaria. La idea de la administración libertaria es llegar a 30 y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó este lunes que “pronto” disolverán otros dos. “Faltando 99 días de facultades delegadas, el Ministerio de Economía de Luis Caputo ya casi agotó las facultades delegadas por el artículo quinto de la Ley Bases“, expresó.
“Ya son 22 los fondos fiduciarios disueltos por el Gobierno debido a su mal manejo y falta de transparencia, asegurando así que los recursos de los argentinos sean utilizados de manera eficiente y honesta”, añadió José García Hamilton, el secretario Legal y Administrativo de la cartera. “Una caja menos”, completó el ministro Caputo.
