La ciudad de Olavarría, en el centro de la provincia de Buenos Aires, es ahora uno de los epicentros de la polémica en torno al manejo de los planes sociales. Lejos de tratarse de un caso aislado, el episodio apenas constituye un ejemplo de una compleja trama de disputas entre actores de la política nacional y dirigentes u organizaciones piqueteras. Aunque vienen de larga data, las peleas por el control y la distribución de los subsidios se aceleraron en el último año y tienen como escenario predilecto al terreno judicial.
El caso en cuestión tomó estado público en los últimos días cuando una beneficiaria del plan nacional “Potenciar Trabajo” denunció judicialmente al titular local del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Martín Roldán, por un presunto cobro de “retornos” en el manejo de planes Potenciar Trabajo.
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De acuerdo a la acusación, motorizada por un mediático abogado local, el dirigente habría ofrecido en los barrios la posibilidad de acceder a los beneficios de la tarjeta Potenciar y solicitado “un porcentaje del dinero que cada beneficiario recibe en beneficio propio, con la amenaza directa por vía telefónica que si no hacen los aportes se les dará de baja el beneficio” que oscilaría entre el 8 y el 10% del plan social.
La denuncia fue rechazada de plano por el acusado y por la organización piquetera, quienes vincularon el episodio a un “armado de causas truchas orquestada por una mesa judicial que contiene a gobernadores e intendentes que opera a nivel nacional y que apunta a perseguir y estigmatizar a organizaciones y compañeros que, en todo el país y sin descanso luchan contra todo tipo de injusticia” lanzaron.
Según consideraron, los ataques están destinados a “personas y organizaciones que todos los días estamos en los barrios organizándonos en asambleas, comedores, merenderos, generando trabajo digno y todo tipo de actividad destinada a palear la crisis económicas que esta misma clase política genera y que deja a nuestros pibes expuestos y regalados a las narco economías para las cuales son más fáciles de cooptar si no estamos ahí desde las organizaciones sociales” advirtieron.
En esa línea, también opinaron que la judicialización a los dirigentes sociales llegó como consecuencia de haber visibilizado en Olavarría situaciones como la “gran crisis habitacional” o por denunciar “el gran escándalo de estafas con la venta de terrenos por parte de funcionarios municipales la cual se convirtió luego en un escándalo con trascendencia nacional”.
El control de los planes sociales, la pelea de fondo
Ejemplos como el de Olavarría son moneda corriente en todo el país y emergen como síntomas sobre las pujas por el manejo de los planes sociales.
En especial, diferentes actores de la oposición aceleraron sus cuestionamientos hacia el rol de mediación de las organizaciones políticas y solicitaron la quita de su manejo. Muchas de esas acusaciones no se limitaron a la verborragia mediática y fueron llevadas al terreno judicial.
Uno de los episodios más recordados fueron las acciones desplegadas por el fiscal Guillermo Marijuan al presentar una denuncia penal derivada de un informe de la AFIP sobre presuntas irregularidades (compra de dólares)
El caso también derivó en una auditoría del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y en el recorte del beneficio para quienes la cartera consideraba que no debían recibir el beneficio, algo que no fue bien recibido por las organizaciones sociales.
Dirigentes como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta también plantearon la necesidad de eliminar la “intermediación” de las organizaciones para pasar a un sistema de asistencia directa.
Para algunas organizaciones sociales, estas acciones son parte de los movimientos políticos y electorales que consisten en “primero estigmatizar a la organización social y después se la denuncia en la justicia para conseguir simpatías sociales, para crear slogans de campaña de supuestas luchas contra las corrupciones” contrarrestaron.
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