Mientras aún resuenan las denuncias por la represión policial durante la movilización de jubilados e hinchas frente al Congreso de la Nación, un video difundido por las cámaras de C5N suma un nuevo capítulo de preocupación. En las imágenes se observa con claridad cómo un efectivo de la Policía deja caer un arma de fuego —una pistola— y luego la patea hacia el centro de la plaza justo en el momento en que el operativo comienza a retirarse del lugar.
La secuencia, breve pero contundente, avivó las sospechas sobre posibles maniobras de provocación por parte de las fuerzas de seguridad. La escena muestra a los efectivos replegándose mientras el arma queda abandonada a plena vista, en una plaza aún colmada de manifestantes. La situación podría haber terminado en tragedia si el arma era recogida por alguien, y levanta interrogantes sobre las verdaderas intenciones del accionar policial.
El momento en el que arrojan un arma
Un modus operandi que se repite
No es la primera vez que se denuncian maniobras de este tipo. En marchas anteriores, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos señalaron la presencia de supuestos infiltrados que nada tenían que ver con las protestas pacíficas, y que fueron responsables de arrojar bombas molotov o incendiar contenedores de basura para generar caos y justificar la represión. El video de C5N aparece ahora como una prueba directa que refuerza esas versiones.
Desde sectores políticos y sociales apuntan al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, como responsable de fomentar una política de mano dura que, lejos de garantizar la seguridad, alimenta un clima de tensión y violencia. “El que toque la calle, va preso”, había advertido Bullrich días atrás, anticipando una postura de confrontación.
El arma dejada deliberadamente en la plaza genera una duda inquietante: ¿hasta dónde está dispuesto el Gobierno a llegar para justificar la represión? El video ya circula en redes sociales y se espera que organismos de derechos humanos presenten pedidos de explicaciones formales y denuncias judiciales ante lo que podría tratarse, no sólo de una irregularidad, sino de un hecho de extrema gravedad institucional.
