El senador neuquino por el Frente de Todos, Oscar Parrilli, presentó un proyecto de ley para que IEASA, la ex ENARSA, rebautizada como Integración Energética Argentina Sociedad Anónima, se haga cargo del 51% de cada central y que quede bajo dominio de la empresa estatal, ante los vencimientos de las concesiones.
Parrilli propone, para iniciar el debate, “que ENARSA pudiera retener el 51% del total del dominio, ya que de esta manera podría simplificar y agilizar la operatoria en sus distintas áreas y funcionar en consonancia con las disposiciones que, en materia energética global, disponga el Gobierno Nacional”.
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El proyecto, de 4 artículos, indica que “ENARSA deberá asociarse con la/s Provincia/s titular/es del dominio del recurso hídrico comprometido en los aprovechamientos hidroeléctricos referidos en el artículo precedente, a través acuerdos bajo las condiciones y parámetros que las partes convengan”.
En cuanto a los fundamentos esbozados por el senador, puede leerse que “la experiencia de casi 30 años nos revela que la gestión privada, por sí sola, de la hidroenergía no genera necesariamente mayor inversión, ni garantiza la expansión del sector” y que, “en el marco de un proceso de transición energética, resulta sumamente importante dotar al Estado Nacional de un instrumento eficaz para potenciar la inversión en fuentes primarias renovables, contribuyendo a la diversificación de nuestra matriz energética, a través de una asociación estratégica con las provincias titulares del recurso hídrico, de fuerte sentido federal y de la participación del sector privado, cuando se considere conveniente”.
La iniciativa fue firmada por Martín Doñate, Silvia Sapag, Silvina García Larraburu y Carlos Alberto Linares, todos pertenecientes al bloque Unidad Ciudadana, uno de los dos “bandos” en los que se dividió el Frente de Todos en la Cámara Alta, tras el intento por copar más lugares en el Consejo de la Magistratura.
A su vez, Parrilli afirmó que, con la Ley 24.065 de 1992, “la administración, operación y explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos existentes” pasaron “de la esfera pública a la privada, a través de contratos de concesión de 30 años de duración, con excepción de las entidades binacionales”. Contratos que, a partir de agosto del 2023, comienzan a vencer.
Las centrales hidroeléctricas en cuestión son: Alicurá (Neuquén/Rio Negro); El chocón y Embalse Arroyito (Neuquén/ Río Negro); Planicie Banderita (Neuquén); Piedra del Águila (Neuquén); Futaleufú (Chubut) y Pichi Picón Leufú (Neuquén). Las concesiones que más urgen son las de las primeras cuatro anteriormente mencionadas, ya que vencen el 11 de agosto de 2023.
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