En medio de la negociación paritaria, los senadores y diputados nacionales y de la Provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana-FpV anunciaron que pedirán la interpelación del Director General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, para que dé explicaciones sobre la fusión de cursos y el “cierre” escuelas rurales y del Delta.
Al mismo tiempo, los legisladores bonaerenses anunciaron que buscarán impulsar una sesión especial para debatir esa problemática y pedirle a María Eugenia Vidal que dé marcha atrás con la medida. En concreto, el pedido de interrogación es para la cámara baja.
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Según el proyecto al que accedió INFOCIELO, “conforme el artículo 92 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y el artículo 209 de su Reglamento Interno”, la HCD solicita al Poder Ejecutivo “que se disponga la concurrencia” del Director General de Cultura y Educación bonaerense.
El objetivo de la asistencia, es “para que, en forma personal, verbal y con la urgencia que el asunto requiere, brinde las respuestas” sobre “los criterios pedagógicos y jurídicos” para avanzar con “cierre” de escuelas rurales y del Delta, y de cursos; y con la “fusión de grados”.
Según el relevamiento de los bloques kirchneristas, María Eugenia Vidal dispuso el cierre de 14 establecimiento rurales y 6 en el Delta; el cierre de comisiones en 11 y la fusión o reagrupamiento, en 9.
También se le exige a Educación que “Detalle las consecuencias que tales decisiones producen en los trabajadores y trabajadoras de la educación consignando: cantidad de cesantías y de traslados, y los mecanismos previstos para garantizar la continuidad laboral”
En tanto, se pide que se “consigne la evaluación realizada sobre el impacto que estas medidas producirán en los y las estudiantes y sus familias” y que “puntualice los dispositivos previstos para garantizar el derecho a la educación de cada estudiante damnificado por estas decisiones”.
El mecanismo para este tipo de proyectos es el tratamiento sobre tablas, es decir, en el pleno del recinto sin paso previo por comisiones. Unidad Ciudadana necesitará para eso una mayoría especial de dos tercios de los presentes, un número que por ahora no tiene asegurado.
En referencia a esto, la presidenta del bloque de Senadores de UC, Teresa García consideró, en referencia a lo que ocurre con los edificios de islas, que “el cierre de escuelas demuestra que el Gobierno busca priorizar los negocios inmobiliarios” porque “a 10 días de que comiencen las clases han pasado con una topadora por el sistema educativo”.
En tanto, su par en Diputados, Florencia Saintout sostuvo que “las medidas del gobierno bonaerense claramente priorizan los negocios por sobre las propuestas y discusiones pedagógicas”. Por su parte, la diputada nacional, Laura Alonso, recordó que “era inimaginable que la política de un gobierno sea cerrar escuelas”.
Sánchez Zinny ya mantuvo encuentros con padres, maestros y sindicalistas para explicarles las nuevas disposiciones. Desde su cartera se salió a explicar que las escuelas comprometidas eran 39, de las cuales 18 no tenían ya alumnos, al tiempo que se aseguró que el cierre era atemporal a la espera de la reactivación de la matrícula.
También se informó que los inmuebles quedaban a disposición de las Comunas para hacer talleres de oficios y capacitación.
Por su parte, desde el bloque del Frente Renovador presentaron un pedido de informes en la Legislatura bonaerense y cuestionaron la medida del gobierno provincial por “vulnerar derechos para optimizar recursos”, pidiendo explicaciones sobre las cuestiones que llevaron al cierre de los establecimientos educativos en las Islas.
“El cierre de estas salas y establecimientos educativos provocará que algunos maestros, directivos y personal no docentes sean desplazados producto de las probables reubicaciones en otras escuelas”, resaltó el diputado Juan Andreotti, autor de la iniciativa parlamentaria.
Y advirtió: “Esta medida desestabiliza la posibilidad de la organización familiar de los isleños cuya primera contención social es la escuela, teniendo en cuenta que, en las islas, los establecimientos educativos cumplen un papel fundamental de la socialización con toda la comunidad en su conjunto, no sólo con los niños matriculados”.
En tal sentido, Luciana Padulo, consejera general de Educación de la Provincia, manifestó: “Podríamos discutir el qué, pero el problema con este gobierno es el cómo. Como gestión están en todo su derecho de diseñar y aplicar las prácticas que les parezcan, el problema es que no trabajan para hacerlo de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que se trata de niños, y de docentes”.
“No se puede jugar con el futuro de los chicos, solo para que esta administración se jacte de ser la abanderada en el ahorro que pidió la Gobernadora, a costa de vulnerar derechos, para optimizar recursos”, finalizó Padulo.
Por su parte, el diputado provincial Lisandro Bonelli expresó: “Esas decisiones requieren un debate entre todos los sectores involucrados”. “Tenemos que discutir qué herramientas se les da a los chicos, incluir más tecnología y qué tipo de recursos humanos va a necesitar nuestro país en los próximos años”, finalizó.
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