Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de dos civiles tandilenses condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar encendió un debate sobre el accionar del máximo tribunal que representaría un claro retroceso en materia de Justicia reparatoria. Desde los organismos de Derechos Humanos también apuntan al máximo tribunal por la demora la resolución de más de 60 causas vinculadas a los peores delitos tipificados en el Código Penal: los de lesa humanidad.
La alarma se encendió tras la resolución que benefició a los hermanos Emilio y Julio Méndez, que fueron condenados por ser civiles cómplices del terror al haber sido encontrados culpables de haber prestado su quinta de la localidad bonaerense de Tandil para que funcionara como centro clandestino. En 1977, el abogado laboralista que defendía a los trabajadores de la cementera Loma Negra, Carlos Alberto Moreno, fue llevado a ese sitio por las Fuerzas Armadas según estableció la sentencia del tribunal oral.
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La resolución que revocó el fallo de 2012 del Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata y que lo reenvía al máximo tribunal penal para su revisión, encendió el debate y generó el repudio de la Subsecretaría de Derechos Humanos que ahora apunta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por dilatar el Proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
El TOF marplatense había condenado a tres militares que actuaban en el Batallón de Logística I de Tandil y a los hermanos Méndez por el caso del abogado que luego fue asesinado. Un año después, la Sala IV de la Casación Federal -conformada en ese entonces por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani– confirmó la sentencia. Siete años después, la Corte ratificó el fallo para los militares, pero no para los civiles y, con fuertes críticas, lo reenvío al máximo tribunal penal para su revisión.
“El paso del tiempo atenta contra la justicia”, señalaron desde el organismo provincial, que actualmente tiene en funciones al propio hijo de Carlos Alberto Moreno, Matías Moreno. Según denunciaron, el fallo “se inscribe en una serie de resoluciones emanadas desde la cabeza de uno de los poderes del Estado que marcan una línea dilatoria en el Proceso de Memoria Verdad y Justicia, que comenzó en mayo de 2017 con el tristemente célebre fallo que beneficiaba a los responsables de la dictadura cívico militar con la derogada Ley de 2×1”.
“La Subsecretaría de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por el fallo emitido este miércoles por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anuló lo resuelto por la Cámara de Casación Penal Federal que había confirmado la condena a 15 y 11 años de prisión a los hermanos Emilio Felipe Méndez y Julio Manuel Méndez impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mar del Plata en el año 2012 por el secuestro y asesinato del abogado laboralista olavarriense Carlos Alberto Moreno.
Pese a que los hermanos tandilenses continúan condenados, desde esa área apuntaron a esta “maniobra” de la Corte que abre nuevas instancias de apelación. También remarcaron que esta resolución se suma al fallo del 17 de diciembre pasado en la causa “Masacre de Trelew”, en el que en vez de tratar todos los puntos del recurso extraordinario de la defensa de Carlos Marandino, la CSJN anuló la resolución de la Cámara de Casación que concedió el recurso y obliga a las víctimas a esperar un nuevo pronunciamiento de la Cámara.
También destacaron que la medida judicial se encadena con la resolución de la Corte de julio pasado que dejó virtualmente cerrada una causa por delitos de lesa humanidad contra el responsable del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, Vicente Massot, al ratificar la falta de mérito.
“Este nuevo fallo que favorece a dos civiles condenados por delitos de lesa humanidad continúa la línea ideológica de aquellas otras resoluciones en causas relacionadas con la responsabilidad empresaria y con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Se tratan de causas que se encuentran en la Corte pendiente de resolución desde hace mucho tiempo. Los plazos vuelven a extenderse, y el paso del tiempo atenta contra la justicia”, lanzaron.
La polémica medida alarma a los organismos de Derechos Humanos que entienden la jurisprudencia que sienta este fallo: los civiles condenados por complicidad con delitos de lesa humanidad podrían ser absueltos y, ante esta certeza, crece la preocupación por otras causas, como la que tuvo vinculado al al dueño del ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, cuyo caso ya lleva cinco años en la Corte.
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