Lo que comenzó como un viaje de descanso terminó convertido en una carrera contra el tiempo. Ricardo Emir Gorostiza, exdiputado y referente histórico del peronismo bonaerense, lleva casi dos semanas internado en estado crítico en Punta Cana tras sufrir un infarto agudo de miocardio, seguido de un shock séptico y un fallo renal agudo.
Desde entonces permanece internado en estado crítico, acompañado por su hija, la periodista María Eugenia Gorostiza, y su nieta. A los 73 años, su salud pende de un hilo y su familia enfrenta una doble batalla: por la vida de Ricardo y contra un entramado judicial y administrativo que parece no tener urgencia.
“Ricardo fue a Punta Cana de vacaciones. Tuvo una complicación de salud muy seria, y la aseguradora que había contratado para cubrir estas eventualidades no lo está cubriendo. Ese es el resumen general”, explicó el abogado de la familia, Diego Cotleroff en diálogo con LA CIELO.
La aseguradora Interassist Argentina S.A., con la que Gorostiza contrató una póliza de asistencia al viajero por hasta USD 200.000, cortó arbitrariamente la cobertura y dejó a la familia a cargo de los gastos médicos. Las facturas diarias del hospital superan los 10.000 dólares, y la deuda total ya ronda los 100.000 dólares.
Una odisea judicial y la urgencia médica
Cotleroff, explicó que la cobertura fue reclamada de inmediato mediante un amparo urgente presentado en el Tribunal del Trabajo N.º 3 de La Plata, a cargo de la Dra. Silvia Pelossi, pero el expediente se trabó por una disputa de competencia con San Nicolás.
“Presentamos el amparo porque Ricardo necesitaba una diálisis urgente. Si no se hacía en 24 o 48 horas, había riesgo de muerte”, relató Cotleroff. Y detalló sobre la situación judicial: “En esa competencia negativa, donde uno dice que no y el otro tampoco, la causa fue y vino entre tribunales. Mientras tanto, Ricardo necesitaba la diálisis en forma inmediata”.
Pero la jueza Pelossi no resolvió el fondo de la cuestión y promovió un ‘conflicto de competencia’ entre tribunales, lo que paralizó el trámite durante días. Luego, al retomar la causa, exigió una ‘prueba técnico-científica’ para autorizar el avión sanitario, una exigencia que el abogado calificó de “insólita” frente a un cuadro médico crítico.
“No puede haber 13 días de silencio judicial para decidir quién es competente, cuando hay una persona que se puede morir”.
Mientras los tribunales debatían jurisdicciones, la salud de Gorostiza empeoraba. La medida cautelar que finalmente se dictó fue parcial: autorizó solo una diálisis tercerizada que la empresa nunca cumplió. “La aseguradora no liberó las órdenes de pago y el hospital no podía avanzar”, explicó el abogado sobre la desesperada situación.
“La familia tuvo que hacerse cargo de todo: la diálisis, las plaquetas, las gestiones. Están haciendo de administradores de su propia cobertura médica”.
13 días: entre el silencio institucional y la urgencia médica
El expediente se encuentra detenido desde hace 13 días en la Suprema Corte bonaerense, en la Secretaría Laboral que encabeza la Dra. Analía Di Tomasso. Cotleroff presentó dos prontos despacho, el 25 y 28 de octubre, pero no recibió respuesta.
“Mientras discuten quién debe intervenir, Ricardo sigue allá, grave, y la familia sola. La burocracia está ganando tiempo que él no tiene”.
En paralelo, María Eugenia Gorostiza —hija del paciente— tuvo que viajar de madrugada junto a su hija adolescente a una ciudad a cinco horas de distancia para conseguir plaquetas. “Eso debería hacerlo la empresa; no una familia desesperada”, subrayó Cotleroff.
“Ni siquiera estamos hablando del fondo de la cuestión. Recién cuando resuelvan el tribunal, podremos volver a pedir la repatriación de Ricardo”.
Repatriación y esperanza
La familia insiste en que la prioridad ahora es repatriar a Ricardo apenas exista una “ventana terapéutica” que lo permita. El estudio del abogado ya presentó los planes de vuelo y las órdenes de pago necesarias, pero todo depende de que la justicia destrabe el expediente.
“Pedimos que habiliten las órdenes de pago y el plan de vuelo para que, cuando haya una ventana terapéutica, podamos traerlo. Nos respondieron que teníamos que aportar pruebas de eso. En definitiva, hasta eso pudimos conseguir, pero los tiempos que tarda todo esto son inadmisibles”.
El caso Gorostiza se convirtió en un símbolo de cómo la burocracia judicial y la falta de control sobre las aseguradoras pueden transformar una emergencia médica en una tragedia.
