Durante las últimas horas, el Ministerio de Salud del gobierno que comanda Javier Milei, se vio obligado a aclarar que sucederá con el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), referente en materia de salud en toda Latinoamérica y que tiene como objetivo reducir el embarazo no intencional en adolescentes. ¿Recortes? ¿Cierre? ¿Orden o desmantelamiento? ¿Qué está pasando?
Recapitulemos: al finalizar marzo y con la llegada de abril, el gobierno realizó un feroz recorte en diferentes organismos públicos. En esa búsqueda, Nación no renovó más de 600 contratos de profesionales de salud que trabajan a lo largo y ancho de todo el país.
En diálogo con Página 12, la médica generalista Elena Meyer que se desarrollaba en los equipos territoriales en Jujuy, había expresado: “El 27 de marzo nos pagaron el mes de marzo. Y no tuvimos ninguna comunicación más sobre la renovación de nuestros contratos y la continuidad del Plan y dejamos de trabajar”.
Recordemos que el Plan ENIA fue implementado en 2018 bajo la presidencia de Mauricio Macri y continuado en la gestión de Alberto Fernández, logrando reducir el embarazo adolescente a la mitad en tres años.
¿Cuál es la respuesta del gobierno de Javier Milei?
Ante la idea de cierre o desaparición del organismo que comenzó a circular, Salud publicó un comunicado expresando que es un “rediseñamiento” del Plan ENIA: “El plan fue implementado por el Gobierno Nacional hace ya seis años con el objetivo de dejar capacidad instalada en las provincias, pero la realidad es que nunca se concretó la delegación de estas responsabilidades”.
Día de la Ancianidad: la huella de Eva Perón y la dignidad perdida de los jubilados
Este 28 de agosto se conmemora en Argentina el Día de la Ancianidad, establecido en 1948 por Eva Perón con la proclamación de los Derechos de la Ancianidad. A 76 años, el contraste es inevitable: mientras la efeméride nació para garantizar asistencia y respeto a las personas mayores, hoy los jubilados marchan cada semana en reclamo contra el ajuste y el veto a la ley de aumento de haberes.
Y agregaron: “Incluso, la contratación de consultores presentaba llamativas discrecionalidades que habilitaban el uso político. En este marco, se decidió finalizar 619 contrataciones a consultores por 1.150 millones de pesos, correspondientes al Plan”.
A su vez, desligaron a las provincias de ciertas contrataciones: “Si las provincias quieren seguir con las contrataciones mencionadas, podrán hacerlo bajo su propia evaluación y solvencia. Desde el Ministerio de Salud de la Nación se va a continuar con el desarrollo del Plan, a través de su rol rector y desde una mirada integral, mediante el seguimiento, control y la compra de insumos”.
