La Legislatura de Santa Fe aprobó este jueves la ley que prohíbe la actividad de los cuidacoches informales, conocidos como “trapitos”, una medida que tendrá especial impacto en ciudades como Rosario, donde la problemática forma parte del debate sobre el uso del espacio público.
La iniciativa había recibido modificaciones en la Cámara de Diputados y finalmente fue sancionada por el Senado provincial. Para que comience a regir, solo resta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
El proyecto fue impulsado por el senador rosarino Ciro Seisas, quien sostuvo que la normativa busca establecer reglas comunes para el uso del espacio público y otorgar herramientas a los municipios para abordar la situación de acuerdo con sus propias características.
Qué establece la nueva ley
La normativa apunta a impedir que particulares desarrollen de manera informal tareas de cuidado de vehículos en la vía pública a cambio de dinero.
El proyecto original contemplaba sanciones que podían incluir penas de hasta 20 días de prisión en casos de reincidencia. Sin embargo, durante su tratamiento en Diputados se introdujeron modificaciones y se eliminaron algunos de los aspectos considerados más restrictivos de la iniciativa inicial.
El debate legislativo estuvo atravesado por distintas posiciones respecto del modo en que debe intervenir el Estado frente a la actividad y por la preocupación de que la aplicación de la norma implique una mayor demanda de recursos policiales y judiciales.
Desde el oficialismo provincial también se habían planteado reparos vinculados a la posibilidad de destinar efectivos y recursos de seguridad a una problemática que, hasta ahora, se encontraba principalmente en el ámbito municipal.
El debate por los “trapitos” en Rosario
La discusión tiene particular relevancia en Rosario, donde el municipio viene reclamando herramientas para intervenir frente a situaciones vinculadas con cuidacoches, especialmente en zonas de alta concentración de vehículos, espectáculos y eventos masivos.
Durante el tratamiento de la ley, Seisas sostuvo que la regulación busca evitar situaciones en las que los conductores puedan sentirse obligados a entregar dinero para estacionar sus vehículos.
El senador planteó además que la nueva normativa permitirá que cada ciudad pueda establecer mecanismos acordes a sus propias necesidades, dentro del marco de la autonomía municipal.
Con la sanción definitiva, Santa Fe se encamina a modificar el marco legal sobre una actividad que durante años generó controversias entre quienes la consideran una forma de subsistencia informal y quienes denuncian situaciones de presión o cobros obligatorios en la vía pública.
Ahora, el próximo paso será la promulgación de la ley por parte del Gobierno provincial, tras lo cual comenzará a regir el nuevo esquema.
