La Legislatura de Santa Fe se prepara para debatir un proyecto de ley que busca fortalecer la prevención y la protección frente a la violencia de género. La iniciativa impulsada por el Gobierno provincial contempla nuevas herramientas para intervenir ante situaciones de riesgo, entre ellas la colocación de tobilleras electrónicas, el desarme de agresores y la posibilidad de ordenar arrestos ante el incumplimiento de medidas judiciales.
El proyecto, denominado Ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género, ingresará al Senado santafesino y contará con preferencia para ser tratado durante octubre. La propuesta fue analizada por legisladores del oficialismo junto con funcionarios de las áreas de Justicia, Seguridad e Igualdad y Desarrollo Humano.
Con más de 80 artículos, la iniciativa plantea modificaciones en los mecanismos de intervención judicial y busca coordinar la actuación de los distintos organismos estatales para evitar que la responsabilidad de gestionar las medidas de protección recaiga sobre las víctimas.
Violencia de género en Santa Fe: cuatro niveles para evaluar el riesgo
Uno de los principales cambios previstos es la implementación de un sistema de evaluación que clasificará las situaciones de violencia en cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico.
La valoración tendrá en cuenta diferentes indicadores que permitan determinar la gravedad de cada caso y definir qué medidas de protección deben adoptarse. Entre los factores contemplados figuran las amenazas de muerte, la presencia de armas, la violencia sexual, los episodios de estrangulamiento, el control coercitivo y la separación reciente de la pareja.
También se considerarán los incumplimientos de medidas judiciales anteriores y los llamados reiterados al 911, con el objetivo de identificar situaciones que puedan escalar y requieran una intervención urgente.
A partir de esa evaluación, las medidas cautelares se aplicarán de manera proporcional al riesgo detectado. En los casos considerados críticos, la propuesta habilita herramientas más estrictas para limitar la capacidad de acción de los agresores y reducir el peligro para las personas protegidas.
Tobilleras electrónicas, desarme y arrestos para los agresores
Entre las herramientas más relevantes del proyecto se encuentra la posibilidad de ordenar el uso de tobilleras electrónicas para controlar las restricciones de acercamiento y reforzar el cumplimiento de las medidas judiciales.
La iniciativa también contempla el desarme de personas autorizadas a portar armas cuando la evaluación del caso determine que existe un riesgo crítico.
Otro de los puntos centrales es la posibilidad de que jueces y juezas dispongan arrestos conminatorios frente al incumplimiento de las órdenes judiciales. De esta manera, el proyecto busca establecer una respuesta progresiva ante quienes desobedezcan las restricciones impuestas.
Los antecedentes de incumplimiento, además, deberán incorporarse a las evaluaciones posteriores, de modo que el sistema pueda actualizar el nivel de riesgo y adecuar las medidas de protección a la evolución de cada situación.
Qué cambios propone para la intervención de la Justicia
La iniciativa plantea un procedimiento específico para abordar los casos de violencia por razones de género y establece la actuación de oficio como uno de sus principios.
Esto implica que las denuncias deberán recibirse en cualquier comisaría u organismo habilitado. En situaciones urgentes, además, cualquier tribunal podrá intervenir para disponer medidas de protección, sin que las cuestiones de competencia judicial se conviertan en un obstáculo para dar una respuesta inmediata.
El proyecto también busca evitar que las víctimas deban realizar trámites adicionales para garantizar el cumplimiento de las resoluciones. Entre otros cambios, establece que las medidas de protección tendrán vigencia inmediata, incluso antes de que el agresor sea notificado.
Otro aspecto importante es la exclusión expresa de la mediación y la conciliación en los casos de violencia de género.
Además, la percepción de riesgo manifestada por la propia víctima será considerada como un elemento relevante dentro del proceso de evaluación.
Un registro digital único y equipos especializados
La propuesta incluye la creación de un registro digital único e interoperable que permitirá integrar la información de los organismos que intervienen en las situaciones de violencia de género.
El objetivo es mejorar el seguimiento de los casos, centralizar los antecedentes y facilitar el acceso a los datos sobre las medidas adoptadas y su cumplimiento.
También se prevé la conformación de un equipo interdisciplinario especializado para evaluar situaciones, elaborar informes, acompañar a las personas afectadas y brindar asistencia a la Justicia y a otras dependencias estatales.
A estas herramientas se suma la creación de un fondo provincial de asistencia urgente para las personas protegidas y sus familias, destinado a fortalecer su autonomía económica y facilitar una respuesta frente a situaciones de vulnerabilidad.
El esquema contempla, además, acciones territoriales de prevención, detección temprana, orientación y difusión en articulación con municipios y comunas.
Cuándo se tratará el proyecto en Santa Fe
El Gobierno provincial presentó la iniciativa en septiembre, con la intención de avanzar hacia un sistema de prevención que permita detectar riesgos antes de que se produzcan nuevos episodios de violencia.
Tras una reunión entre legisladores del interbloque oficialista de Unidos para Cambiar Santa Fe y funcionarios provinciales, se acordó que el proyecto ingrese al Senado y tenga preferencia para su tratamiento durante octubre.
La discusión legislativa será clave para definir el alcance de las nuevas herramientas y su implementación. Por el momento, se trata de un proyecto de ley que deberá ser debatido por la Legislatura provincial, por lo que las medidas propuestas no deben interpretarse como disposiciones ya vigentes.
