La provincia de Santa Fe busca endurecer las medidas contra quienes no cumplen con el pago de la cuota alimentaria de sus hijos. La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que crea el Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias e incorpora nuevas limitaciones para los deudores morosos.
La iniciativa reúne ocho proyectos presentados por legisladores de distintos bloques y propone reemplazar el actual registro por una base de datos digital, administrada por el Poder Ejecutivo provincial. Sin embargo, será la Justicia la que determine los incumplimientos y las sanciones correspondientes.
Cuándo se considera deudor alimentario moroso
El proyecto establece distintos niveles de incumplimiento. Se considerará deudor alimentario moroso a quien adeude, total o parcialmente, dos cuotas alimentarias consecutivas o alternadas en un período de 12 meses.
En tanto, quienes acumulen seis cuotas impagas durante ese mismo período quedarán comprendidos en la categoría de morosidad agravada, que contempla sanciones más severas.
La inscripción en el registro no implicará automáticamente la aplicación de restricciones: para determinar la condición de moroso será necesaria una decisión judicial.
Qué restricciones tendrán los deudores alimentarios en Santa Fe
Quienes sean declarados morosos deberán afrontar una serie de limitaciones mientras mantengan la deuda alimentaria. Entre las principales medidas previstas se encuentran:
- Prohibición de ingresar a estadios de fútbol donde se disputen partidos de Primera División organizados por la AFA.
- Imposibilidad de ingresar a casinos, bingos y salas de juego, además de registrarse en plataformas de apuestas o cobrar premios obtenidos en esas actividades.
- Prohibición de ser candidatos a cargos electivos provinciales o municipales.
- Restricciones para ser designados funcionarios en organismos de los tres poderes del Estado provincial.
- Imposibilidad de obtener la licencia de conducir.
- Exclusión de beneficios tributarios y planes provinciales de regularización de deudas.
- Suspensión por hasta 60 días de determinados pagos que deba realizarles el Estado provincial.
El proyecto contempla una excepción para quienes necesiten conducir por motivos laborales. En esos casos, podrán acceder, por única vez, a una licencia provisoria de 90 días.
Qué pasará con quienes acumulen seis cuotas impagas
Para los casos de morosidad agravada, las consecuencias serán más estrictas. Las personas alcanzadas por esta categoría no podrán obtener habilitaciones, concesiones, permisos ni licencias, y tampoco podrán acceder a la excepción laboral prevista para la licencia de conducir.
Además, el juez deberá disponer una inhibición general de bienes, una medida que limita la posibilidad de disponer de determinados bienes mientras se mantenga vigente.
Quiénes deberán consultar el nuevo registro
La iniciativa también establece que distintos organismos e instituciones deberán verificar la situación de las personas incluidas en la base de datos.
La consulta será obligatoria para dependencias estatales antes de realizar designaciones, contrataciones y otros trámites administrativos. También alcanzará a empleadores privados, colegios profesionales, casinos y operadores de apuestas, entre otros sectores.
El registro será público y gratuito, aunque las consultas deberán realizarse sobre personas determinadas. El proyecto prohíbe la descarga masiva de información y la indexación de los resultados en buscadores de internet.
Asimismo, se prevén sanciones para quienes incumplan la obligación de consultar el registro cuando corresponda.
El proyecto ahora pasa al Senado
Tras recibir la media sanción de Diputados, la iniciativa deberá ser tratada por el Senado de Santa Fe para convertirse en ley.
En caso de obtener la aprobación definitiva, el nuevo régimen comenzará a regir seis meses después de su promulgación, aunque el Poder Ejecutivo podrá extender ese plazo para completar la implementación de los sistemas de control.
El objetivo es fortalecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
