La salud privada del interior del país atraviesa un escenario de creciente preocupación. Unas 6.000 clínicas y sanatorios podrían quedar al borde del cierre si el Gobierno nacional no prorroga la Ley de Emergencia Sanitaria, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 31 de diciembre.
La advertencia fue realizada por el presidente de la Asociación Civil Salud Federal, Rodrigo Sánchez Almeyra, durante el Sexto Encuentro Nacional de Salud Federal, que se desarrolló en Rosario y reunió a representantes de 21 provincias.
El dirigente explicó que las instituciones sanitarias enfrentan una situación financiera crítica, producto de dos factores principales: el posible fin de los beneficios fiscales contemplados en la emergencia sanitaria y las dificultades económicas que atraviesa el PAMI.
Por qué podrían cerrar 6.000 clínicas del interior
Uno de los principales reclamos del sector está relacionado con el vencimiento de la Emergencia Sanitaria, una normativa que funciona como protección frente a las deudas impositivas que mantienen las instituciones médicas con organismos nacionales y provinciales.
Según explicó Sánchez Almeyra, si la ley no se extiende, numerosas clínicas podrían quedar expuestas a embargos y ejecuciones fiscales, una situación que comprometería directamente su funcionamiento.
Frente a este panorama, las entidades del sector solicitaron al Gobierno nacional una prórroga de seis meses. El objetivo es contar con un plazo que permita avanzar en el Congreso con una reforma tributaria específica para las instituciones de salud.
Desde Salud Federal sostienen que el sistema necesita un tratamiento impositivo diferencial, debido al carácter esencial de los servicios que presta.
La crisis del PAMI también golpea a las clínicas del interior
Otro de los problemas que preocupa al sector es el desfinanciamiento del PAMI y su impacto sobre la cadena de pagos de los prestadores médicos.
La situación afecta especialmente a las pequeñas y medianas instituciones del interior, que dependen en gran medida de los ingresos provenientes de la obra social de los jubilados y de los sistemas provinciales.
De acuerdo con Sánchez Almeyra, la caída de la recaudación está vinculada con la pérdida de empleos formales y el deterioro de los salarios, que redujeron los recursos disponibles para sostener el sistema.
El dirigente advirtió que la problemática no se limita a las grandes ciudades, sino que alcanza a establecimientos sanitarios distribuidos en todo el país, desde el norte hasta el sur argentino.
Cayó hasta un 40% la cantidad de nacimientos y cierran servicios de obstetricia
A las dificultades económicas se suma otro fenómeno que comienza a modificar la estructura del sistema sanitario: la caída de la natalidad.
Según los datos expuestos por el titular de Salud Federal, entre 2025 y 2026 se registró una reducción de entre el 30% y el 40% en la cantidad de partos y cesáreas en algunas instituciones, junto con una menor ocupación de las áreas de neonatología.
Esta tendencia ya tiene consecuencias concretas. Algunas clínicas pequeñas del interior dejaron de ofrecer servicios de obstetricia por la disminución de la demanda y los costos que implica mantener esas prestaciones.
En los establecimientos que todavía cuentan con estos servicios, la actividad también muestra una contracción significativa.
La baja de los nacimientos repercute, además, en otras áreas de atención, como la pediatría, y plantea nuevos desafíos para la organización futura del sistema de salud.
El escenario abre un interrogante sobre la sustentabilidad de las instituciones médicas del interior, que deben afrontar simultáneamente la caída de sus ingresos, el aumento de las dificultades financieras y los cambios demográficos.
Mientras tanto, el sector espera una respuesta del Gobierno nacional para evitar que el vencimiento de la emergencia sanitaria profundice la crisis y ponga en riesgo la continuidad de miles de establecimientos.


