Los 135 municipios bonaerenses recibieron durante el primer semestre de 2026 el menor nivel de transferencias provinciales desde 2021, según un informe de la Consultora Política y Producción Argentina (PPA), que relevó no solo la coparticipación sino el conjunto de los fondos distribuidos por la Provincia.
En total, las transferencias alcanzaron unos $2,8 billones durante los primeros seis meses del año y representaron una caída real del 2,48% frente al mismo período de 2025, equivalente a unos $74.683 millones. El retroceso se produjo en un escenario de mayor presión sobre las cuentas municipales y mientras la Provincia mantiene un reclamo contra Nación por recursos que considera adeudados.
El análisis de PPA contempla la Coparticipación Bruta, el Fondo Educativo, la descentralización tributaria, el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) y otros mecanismos de distribución. Por eso, el deterioro no puede atribuirse únicamente a la evolución de la coparticipación: refleja una merma más amplia de los recursos que llegan desde La Plata a los gobiernos locales.
Menos recursos y menor capacidad de compra
La pérdida se vuelve todavía más significativa cuando se compara el primer semestre de 2026 con el máximo reciente, alcanzado en el segundo semestre de 2022. En términos reales, los fondos se ubicaron un 13% por debajo de aquel nivel.
La comparación con el precio del gasoil permite dimensionar el impacto sobre la capacidad de los municipios para sostener obras, servicios y mantenimiento. Mientras en el segundo semestre de 2022 las transferencias equivalían a unos 1.982 millones de litros de gasoil, en el primer semestre de 2026 representaron alrededor de 1.437 millones de litros.
Es decir, en menos de cuatro años los recursos perdieron un 27,5% de su poder de compra medido en uno de los principales insumos para el funcionamiento de los municipios, especialmente en tareas vinculadas con caminos, maquinaria y servicios públicos.
La composición de los envíos también muestra el peso de la coparticipación. De los $2,779 billones distribuidos durante el semestre, el 75,9% correspondió a la Coparticipación Bruta, mientras que el Fondo Educativo representó el 10,6% y otros fondos otro 10,5%. La descentralización tributaria explicó el 2,1% y el FEFIM apenas el 0,9%.
Qué municipios perdieron más
La caída no fue homogénea entre los 135 distritos. La mayoría registró una disminución real de los recursos recibidos respecto del primer semestre de 2025, aunque hubo un grupo reducido que logró mejorar sus ingresos.
San Isidro encabezó el ranking de las mayores bajas, con un retroceso real del 8,7%, seguido por Pinamar (-8,3%) y Vicente López (-7,2%). También quedaron entre los diez municipios más afectados Florentino Ameghino (-6,5%), General San Martín (-6,5%), Maipú (-6,5%), General Madariaga (-5,9%), Leandro N. Alem (-5,8%), Tandil (-5,8%) y Villa Gesell (-5,7%).
Entre los distritos con caídas importantes también aparecen Tordillo (-5,7%), General Viamonte (-5,7%), Malvinas Argentinas (-5,6%), Chascomús (-5,4%), Monte Hermoso (-5,4%), Hipólito Yrigoyen (-5,4%), Luján (-5,3%), Pila (-5,2%) y Ezeiza (-5,1%).
El retroceso también alcanzó a varios de los municipios que concentran mayores volúmenes de recursos. La Matanza recibió un 3,6% menos en términos reales, General Pueyrredón cayó 3,7%, Bahía Blanca 3,3%, Olavarría 2,2%, Quilmes 2%, Pilar 2,4% y Almirante Brown 2,3%. La Plata, en tanto, registró una baja del 1,4%.
Chacabuco, Campana y Capitán Sarmiento, entre los pocos que crecieron
En el otro extremo, apenas 24 municipios lograron aumentar en términos reales las transferencias recibidas respecto del primer semestre de 2025.
Chacabuco encabezó el ranking, con una mejora del 10,8%, seguido por Campana, con 6,6%, y Capitán Sarmiento, con 6,5%. También registraron subas Exaltación de la Cruz (6%), General Rodríguez (3,6%), Marcos Paz (2,6%), Carmen de Areco (2,4%), Dolores (2,1%), Escobar (1,5%) y General Villegas (1,5%).
El escenario plantea un desafío adicional para las administraciones municipales: con una menor disponibilidad de recursos provenientes de la Provincia y una pérdida de poder adquisitivo frente a insumos clave, los intendentes deben sostener servicios y obras con presupuestos cada vez más ajustados.
La discusión se da, además, en medio del reclamo político y judicial de la Provincia ante la Nación por deudas de más de 16,7 billones de pesos y recursos que el Gobierno bonaerense considera que le corresponden. En ese contexto, la evolución de las transferencias vuelve a poner en el centro del debate la situación financiera de los municipios y su dependencia de los fondos provinciales.
