En medio de una creciente agenda por los episodios de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, el espacio de La Libertad Avanza (LLA) desplegó una arremetida coordinada en la Legislatura. A través de iniciativas en Diputados y Senado, la oposición libertaria busca citar al recinto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, para que exponga verbalmente sobre el estado real de la fuerza policial y los índices delictivos que azotan principalmente al Conurbano.
La jugada política de la bancada opositora consistió en presentar una estrategia en espejo: mientras en la Cámara de Diputados firmaron un proyecto de resolución para interpelar al funcionario amparándose en el artículo 92 de la Constitución provincial, en el Senado avanzaron con un pedido de informes con citación in voce invocando los artículos 90 y 92 de la carta magna bonaerense. En ambos recintos, la exigencia central es la misma: que el titular de la cartera de Seguridad concurra personalmente a brindar explicaciones directas ante los legisladores.
EL FOCO EN LAS CIFRAS DELICTIVAS Y EL ÉXODO DE POLICÍAS
En los fundamentos de ambos expedientes, los bloques opositores sostienen que la gravedad de la situación exige “superar las discusiones basadas exclusivamente en declaraciones públicas” y contraponen las versiones del Ejecutivo con los datos judiciales. En ese marco, advierten que el último informe de la Procuración General bonaerense reflejó un incremento del 12,9% en la tasa de homicidios en ocasión de robo durante el último año.
Asimismo, las bancadas libertarias ponen la lupa sobre un fenómeno que consideran alarmante dentro de la propia Bonaerense: la aceleración en las renuncias y sangría de personal policial. Según detallan en los textos ingresados a ambas mesas de entradas, se registró un incremento sostenido de las bajas voluntarias, que pasaron de 716 en 2024, a 1.082 en 2025, alcanzando las 1.785 bajas registradas hasta agosto de 2026.
Sobre este punto, las iniciativas indagan acerca de los motivos del constante goteo de efectivos, las condiciones salariales y laborales, y las medidas proyectadas desde el ministerio para revertir la pérdida de personal.
MÓVILES, RECURSOS Y EL MAPA DE LA CONTROVERSIA
El cuestionario unificado de 15 puntos exige un nivel de detalle específico por municipio y departamento judicial sobre la ejecución presupuestaria del área, el estado edilicio de las comisarías y la disponibilidad real de patrulleros. En el entorno de la bancada opositora señalan que proliferan denuncias por una reducción significativa de móviles operativos en el Conurbano, como así también falencias en la provisión de chalecos antibalas.
Entre las preguntas dirigidas al ministro Alonso, se exige precisar:
- Estadísticas oficiales comparativas de delitos contra la propiedad, las personas y homicidios.
- El plan de renovación del parque automotor y la cantidad exacta de patrulleros fuera de servicio.
- La coordinación con el Gobierno nacional para el despliegue de fuerzas federales y la transferencia de fondos de seguridad.
- El impacto tras la suspensión judicial del nuevo Régimen Penal Juvenil y las alternativas contempladas por la provincia.
- Metodología y periodicidad de actualización del Mapa del Delito bonaerense.
Desde los bloques que impulsan la medida insistieron en que la doble embestida no busca ser una acusación a priori, sino la puesta en marcha de los mecanismos constitucionales de contralor. “No se trata de anticipar un juicio de valor sobre la gestión, sino de garantizar el ejercicio pleno de la facultad de control que la Constitución confiere a esta Legislatura”, argumentaron.
