Jujuy continúa convulsionada por las protestas en rechazo de la reforma parcial de la Constitución provincial que propició el gobernador Gerardo Morales, y son cada vez más los pedidos para intervenir la provincia.
Días atrás, organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos le reclamaron al presidente Alberto Fernández que disponga de la intervención federal de la provincia de Jujuy, a la cual se sumaron ahora pedidos en la misma línea de parte de la Iglesia católica para dar marcha atrás con la reforma constitucional.
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“En resguardo del orden constitucional y la vida democrática es que le reclamamos la iniciativa, como Poder Ejecutivo Nacional, de impulsar la intervención federal, a los tres poderes de la Provincia de Jujuy, conforme lo establece la Constitución Nacional”, reza la Carta Abierta que firmaron distintas personalidades de la sociedad civil, en la que expresaron que los hechos de represión ilegal acontecidos “sitúan a la Argentina en una deleznable situación de retroceso institucional”.
“La intervención Federal es el remedio institucional, materia de competencia del Poder Legislativo, que ya tiene radicados proyectos en ese sentido. Pero el Presidente de la Nación tiene facultades propias como co-legislador para elevar proyectos al Congreso Nacional, y eso es precisamente lo que venimos a reclamarle”, añadieron.
Esa carta fue firmada, entre otros, por Claudia Rocca, por la Asociación Americana de Juristas; Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General CTA-A; José Schulman, por la Liga Argentina por los Derechos Humanos; Iris Avellaneda, titular de la Liga Argentina por los Derechos Humanos; y Eduardo Barcesat, docente de la UBA y Constituyente en 1994.
Asimismo, a la carta abierta se sumó el pedido del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), organismo perteneciente a la Conferencia Episcopal, el cual solicitó su adhesión a la “acción de inconstitucionalidad” que comunidades indígenas presentaron ante la Corte Suprema de Jujuy, según reveló el periodista especializado en temas religiosos Washington Uranga.
“La reforma constitucional de la provincia de Jujuy ha vulnerado de manera expresa los derechos y garantías constitucionales y convencionales referida a los Pueblos Indígenas, afectando de manera directa e indirecta el derecho a la participación, consulta previa libre e informada, el derecho al consentimiento, derecho al acceso a la información adecuada, con consecuencias directas sobre su territorio, propiedad y posesión comunitaria, bienes ambientales de su territorio e intereses de los Pueblos Indígenas de Jujuy”, indica la solicitud.
Por su parte, en su carácter de titular del PJ nacional, Alberto Fernández concretó la semana pasada la intervención del Partido Justicialista de Jujuy por 360 días, debido a su “connivencia” con el gobierno de Morales, y en particular por su explícito apoyo a la reforma constitucional. En calidad de interventores, designó a Gustavo Menéndez y Aníbal Fernández.
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