El último 6 de diciembre, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires emitió una sentencia de alto contenido político que apretó un poco más el cerco contra el procurador militante Julio Conte Grand, jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, que viene de ser cuestionado por mostrarse junto a Mauricio Macri y que acaba de recibir un tirón de orejas desde el Tribunal de Casación.
Como ya explicó INFOCIELO, ese cuerpo desestimó una denuncia contra el juez de garantías de La Plata, Juan Pablo Massi, a partir de tres hechos individualizados, de los cuales sólo uno se configuró como acusación: el relacionado al sobreseimiento dictado a favor de Daniel Scioli y de funcionarios bonaerenses.
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Lo que quedó en el tintero es el análisis de las implicancias políticas del fallo y la manera en la que afectan políticamente a Julio Conte Grand, que empieza a perder apoyo dentro de Juntos, donde muchos, empezando por el expresidente Mauricio Macri, le buscan una salida -elegante o no- del cargo que ostenta.
Fue el propio procurador quien impulsó la acusación contra Masi, con el único acompañamiento de Maricel Etchecoin Moro, diputada de la Coalición Cívica. A su turno, los legisladores Leandro Blanco, Carlos Julio Moreno, Germán Di Césare, Walter Lanaro, Guillermo Sánchez Sterli, Agustina Propato, Lorena Petrovich y Luciana Padulo le fueron bajando el pulgar a la acusación, solicitando el cierre y el archivo de las actuaciones contra el titular del juzgado de Garantías 4, ante la posibilidad de incurrir en un “avasallamieno de poderes”.
El detalle es que de ese conjunto de 8 legisladores, cuatro corresponden a Juntos.
Más tarde, el jurado, con la integración de 5 legisladores –Lucrecia Egger, Sandra París, Mario Giacobbe, Pablo Garate y Roberto Costa– de los cuales cuatro son de la oposición, votó por declarar “inadmisible la acusación” contra Masi y disponer también el “cierre y archivo de las actuaciones”.
El hecho de que ni siquiera se haya llegado a la instancia de juicio oral sienta un precedente en este ámbito y equivale a un sobreseimiento. Pero lo realmente explosivo son algunas de las consideraciones que vertió el jurado, y que pegan directamente en la figura de quienes asumieron la acusación, especialmente Julio Conte Grand y la fiscal Cecilia Corfield -alfil del Procurador-, quien quedó expuesta a un posible juicio político por haber encarado lo que se consideró una “persecución penal” contra Masi.
En su voto, los legisladores Costa, Giacobbe, Egger y Garate, junto a Genoud y Cafiero, señalaron que “no se advierte que el accionar del magistrado encuadre en el delito de prevaricato” y que “las manifestaciones realizadas al respecto por la parte acusadora no son más que meras especulaciones que derivan de su propio descontento con el trámite del proceso y el contenido de las decisiones tomadas”.
En otro párrafo que compromete a Conte Grand, los legisladores-jurados señalan que “el procurador entra y direcciona sus argumentos en la persona del magistrado sin advertir que, ni desde lo jurídico -y mucho menos desde lo fáctico- se encuentra acreditado que el doctor Juan Pablo Masi tuviera alguna injerencia en la demora” de la causa.
La (por entonces) diputada Sandra Paris, de la UCR, fue todavía más al hueso. Adhirió al voto de sus pares pero agregó un condimento, al poner en evidencia que el Fiscal General respaldó -al no sostener un recurso de apelación del fiscal de la causa- las actuaciones de Masi en la causa Scioli. “Es llamativo que el Procurador General apunte hacia el Juez y nada haya hecho respecto del miembro de su Poder quien consintió expresamente lo actuado. En tal sentido, lo actuado por el Juez podrá ser opinable, más no advierto ilicitud en su accionar”, señala.
No fue una acusación inocente sino que pone en blanco sobre negro lo que muchos en el Poder Judicial opinan sobre Conte Grand: que protege a los suyos, que utiliza mecanismos de persecución política para adoctrinar jueces y que sus verdaderos objetivos son políticos y tendientes a favorecer a Cambiemos, el espacio que integró como funcionario -fue secretario de Legal y Técnica de María Eugenia Vidal– y como militante.
Así exponen las verdaderas motivaciones de Conte Grand, derivadas de su disgusto por el sobreseimiento de Daniel Scioli y no por un supuesto mal desempeño de parte de Masi. Y muestran al Procurador General debilitado en el plano Legislativo, que puede acelerar su salida -elegante o no- con un juicio político para el cual las mayorías, lentamente, se van configurando.
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