“Sunescándalo“, hubiera dicho el recordado Pino Solanas de seguir “en este plano de la vida”. Es que ahora el círculo íntimo del Presidente Javier Milei (léase su propia hermana) instauró un mecanismo de reparto de recursos públicos que ya no se oculta. Es más, se exhibe impunemente y con descaro en las páginas del Boletín Oficial.
La Secretaría General de la Presidencia, comandada por Karina Milei, se convierte entonces en el epicentro de una trama donde los bienes incautados por el Estado terminan en manos de “amigos” y militantes de La Libertad Avanza (LLA). Y no es para nada “un error administrativo en una provincia”, es, ni más ni menos que una política sistemática que utiliza la Disposición 32/2026 para alimentar la caja política territorial con el patrimonio de todos los argentinos.
La maniobra es tan burda como legalista. Mediante la firma de Eduardo Menem, subsecretario de Gestión Institucional bajo la órbita de “El Jefe”, se ordenó: “Cédase sin cargo a la Fundación Innovación Misionerista… los bienes comprendidos en las actuaciones de la Aduana de Posadas”.
El beneficiario ni es un hospital con carencias ni tampoco una escuela técnica. Es una entidad presidida por Claudio Lionel Berón, un misionero quien se autodefine en sus redes como “Presidente del Congreso de LLA Misiones”. Esta asignación a un militante partidario que utiliza una fundación como “pantalla” para recibir bienes del Estado sitúa al Gobierno en el umbral de lo ilegal, presentado por el propio Estado como algo de “total normalidad”.
La “casta” reparte el botín
Para justificar el saqueo, invocan el artículo 4º de la Ley 25.603, que permite donaciones ante condiciones de “emergencia social”.
Resulta una burla sangrienta que se considere “emergencia” la necesidad de una fundación que en su propia web admite dedicarse a la “Industria 4.0, y desarrollo de software”. ¿Cómo encaja el “Internet de las Cosas” con la distribución de ropa, calzado y medicamentos para sectores vulnerables?.
La respuesta es simple, hay discrecionalidad absoluta. El Estado entrega bienes de alto valor social y económico sin transparencia, sin inventarios públicos detallados y sin explicar por qué se prioriza a los leales al partido por sobre las instituciones públicas con trayectoria comprobable.
El valor de lo cedido es incalculable y abarca desde artículos de primera necesidad hasta bienes de lujo. Electrónica , textil, zapatos y zapatillas, alimentos, y mercadería que quedó retenida en la frontera.
Es ddecir que la Secretaría General de la Presidencia le cede sin cargo todos estos bienes que son del Estado a un militante de la Libertad Avanza que se armó una fundación como una pantalla.
Un patrón nacional de impunidad
Lo de Misiones se enmarca en lo que ya podría denominarse como un modus operandi nacional. Karina Milei y su operador “Lule” Menem son permanentemente señalados. Antes ya beneficiaron a la Fundación Gea-Madre Tierra en Corrientes, ligada a la familia del diputado libertario Lisandro Almirón. Allí, el reparto incluyó no solo ropa, sino 14 aires acondicionados, 21.800 artículos electrónicos y hasta repuestos aeronáuticos.
La “protocorrupción libertaria” se escribe con tinta oficial, porque mientras se ajusta a los jubilados y se recortan medicamentos a las provincias, los bienes de Aduana se desvían para construir poder político propio.
El Boletín Oficial ya no publica actos de gobierno, sino la bitácora de un saqueo partidario (legal?) bajo la supervisión directa de la Secretaría General de la Presidencia, la sospechada hermana del máximo líder libertario, el de “la moral como política de estado”.
