La reforma laboral impulsada por Javier Milei se encuentra hoy plenamente vigente, consolidando un triunfo estratégico para el oficialismo que parece haber sido facilitado por una omisión técnica de la defensa sindical. El foco de la tormenta está sobre la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que decidió suspender la medida cautelar que protegía a los trabajadores frente a los artículos considerados “regresivos” de la norma sancionada por el Congreso.
El 23 de abril de 2026, el Consejo Directivo Nacional de la CGT publicó un comunicado titulado “Contra la reforma laboral, con la Constitución como bandera”. En el texto, la central rechaza la decisión judicial argumentando que “atenta contra la organización sindical” y expone a millones de trabajadores al “desamparo”.
La CGT calificó como “impropio de un Tribunal de Trabajo” que se mantenga la vigencia de la ley ignorando los precedentes de la Corte Suprema, que reconocen al trabajador como un sector de “preferente tutela” según el artículo 14 bis. Incluso, lanzaron una advertencia legal directa: citando la Ley N° 27.802, señalaron que apartarse de los criterios de la Corte configura una “causal de mal desempeño” para los magistrados involucrados.
La cronología de la “desobediencia” y el pliego de Pesino
Pese a la virulencia del reclamo político, la realidad judicial cuenta otra historia. Solo un día después del comunicado de la CGT, el 24 de abril de 2026, el Ministerio de Justicia oficializó en el Boletín Oficial (aviso N° 341165) la solicitud para que el juez Víctor Arturo Pesino sea mantenido en su cargo tras haber alcanzado los 75 años.
El trámite, bajo el expediente EX-2025-115229501-APN-DGDYD#MJ, es precisamente el que el juez necesitaba para continuar por cinco años más en la vocalía de la Sala VIII. Para Alejandro Gil Domínguez, entrevistado en Palabras más, palabras menos, este vínculo era de “público notorio conocimiento” y constituía un conflicto de intereses evidente que ameritaba una acción inmediata.
El análisis del constitucionalista es lapidario respecto a la estrategia de la CGT. Domínguez sostiene que Pesino “debió haberse excusado o debió haber sido recusado por la CGT”, ya que su permanencia en el cargo dependía directamente de la voluntad del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, la oportunidad procesal fue desaprovechada. “Cuando uno consiente actos procesales de estas características, después uno puede quejarse políticamente, pero jurídicamente el efecto ya se concretó”, sentenció el abogado en LA CIELO. Así, mientras la CGT denuncia un “ataque a la Justicia Social”, el descuido de sus propios abogados permitió que el Gobierno de Milei lograra un avance jurídico que hoy parece irreversible en los tribunales.
