Según informan medios porteños el gobierno de Javier Milei trabaja en una reforma previsional que, de concretarse, cambiaría radicalmente el sistema jubilatorio argentino. Según trascendió, la propuesta apunta a unificar la edad jubilatoria de hombres y mujeres en 75 años.
Desde la Casa Rosada argumentarían que el sistema está “quebrado” y que esta medida es necesaria para evitar su colapso.
En paralelo, se planea volver a permitir la opción de un sistema privado, similar al de las antiguas AFJP, junto con una reforma laboral que aumente la formalidad en el empleo y, con ello, el número de aportantes activos.
Algunos escépticos en redes sociales sospechan de estos trascendidos, y adjudican ‘complicidad’ a los medios corporativos por lanzar estos “globos de ensayo” como ‘información exclusiva’ colocando una edad irracional adrede, para “psicopatear” a la población y que cuando se suba de 65 años a, por ejemplo 67 o hasta 70, parezca que el gobierno está cediendo, y brindando “concesiones” a la clase trabajadora. Una especie de “al final no era tan malo”.
¿Por qué están considerando esta reforma jubilatoria?
El régimen previsional argentino enfrenta una fuerte presión financiera: según datos oficiales, más del 90% de la recaudación impositiva proviene del IVA, Ganancias, Ingresos Brutos y derechos de importación/exportación.
En contraste, el gasto en jubilaciones generales asciende a un promedio mensual de $298.051 por beneficiario, mientras que los regímenes especiales (como los de jueces y diplomáticos) tienen un haber promedio que supera el millón de pesos. Esto, según el gobierno, es insostenible sin un ajuste estructural.
El régimen general tiene 7.085.877 beneficiarios, y los especiales aplican a 249.892 personas.
Carlos Guberman, secretario de Hacienda, explicó en una reunión de gabinete que el objetivo de esta reforma sería “reducir el número de jubilados” y centrar las políticas en aumentar la cantidad de aportantes.
Esta línea de acción incluye una reforma laboral previa, que buscaría combatir la informalidad, ya que el 40% de los trabajadores argentinos no realiza aportes al sistema previsional.
¿75 años? Comparación internacional
Actualmente, la edad jubilatoria es de 65 años para hombres y 60 para mujeres. Esta cifra la coloca por debajo de varios países desarrollados y emergentes.
En España y Alemania, por ejemplo, la edad se eleva a 67 años; en Brasil es de 65 para hombres y 62 para mujeres; y en México, 68 años. Sin embargo, la propuesta de elevarla a 75 años ubicaría a nuestro país como el de edad de retiro más alta del mundo, un cambio drástico frente a la realidad actual.
La discusión no es nueva: muchas naciones enfrentan el dilema de retrasar la jubilación en respuesta al envejecimiento poblacional.
Sin embargo, en Argentina, donde la esperanza de vida ronda los 76 años para hombres y 81 para mujeres, el planteo sin dudas generará rechazo por su aparente desconexión con las condiciones laborales que rigen.
Las críticas al proyecto Milei
Se espera que diversos sectores expresen su oposición. Sindicatos, organizaciones sociales y economistas ya cuestionan la viabilidad de extender la vida laboral en un país donde los trabajos en sectores como la construcción, el comercio o la salud implican un desgaste físico significativo.
Además, el recuerdo de las AFJP, disueltas en 2008 tras múltiples denuncias de ineficiencia y desigualdad, también provoca desconfianza hacia un eventual regreso al sistema privado.
Por otro lado, desde el gobierno aseguran que la reforma buscaría aliviar las cuentas públicas, pero también promover incentivos para aquellos que deseen seguir trabajando más allá de la edad mínima.
Según las proyecciones oficiales, estas medidas permitirían reducir el déficit previsional en un 20% en el mediano plazo.
Futuro incierto y preocupante
Aunque la reforma aún no fue anunciada oficialmente, su discusión promete encender el debate político en 2025.
Para muchos, esta propuesta representa una medida extrema que pone en juego el contrato social construido alrededor del sistema jubilatorio argentino. Si el Congreso avalase esta iniciativa, el país enfrentará un cambio profundo en uno de sus pilares de protección social, con consecuencias aún difíciles de prever.
