El presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Andrés de Leo, ingresó un proyecto de ley en la Legislatura para regularizar el funcionamiento de los cinemómetros (radares) y anular las fotomultas encubiertas.
En diálogo con el programa Palabras más, palabras menos, conducido por Albino Aguirre en La Cielo, De Leo fue tajante sobre el diagnóstico del sistema actual: “Tiene un objetivo que es recaudatorio y que está mezclado con empresas que han sido tercerizadas y que claramente su negocio es recaudar y recaudar”.
Para desarmar esta estructura, el texto del proyecto prohíbe expresamente que las acciones de control directo de las infracciones sean privatizadas o concesionadas. La normativa exige que la operación de los sistemas y el labrado de las multas queden exclusivamente a cargo de funcionarios públicos. “Lo que uno tiene que romper es con la perversidad de que multa es dinero para el bolsillo de un empresario y a veces de empresarios amigos de algún político de turno”, disparó el legislador bahiense.
LAS 4 REGLAS PARA LOS NUEVOS RADARES
La iniciativa busca modificar los artículos 28 y 28 bis de la Ley 13.927 de Tránsito, imponiendo cuatro requisitos innegociables para que un equipo de fiscalización opere de manera legal en la Provincia:
- Fundamentación técnica: Los radares no podrán instalarse de forma arbitraria o escondida. Deberá existir un informe de siniestralidad que justifique objetivamente su emplazamiento en un tramo específico para prevenir accidentes. “No puede estar un radar en un lugar engañosamente para que vos te equivoques”, aclaró De Leo en La Cielo.
- Precisión metrológica: Los cinemómetros deberán contar con una verificación técnica de funcionamiento con una periodicidad máxima de seis meses, a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
- Visibilidad anticipada: El dispositivo deberá estar anunciado mediante señalización vertical informativa situada a una distancia mínima de 500 metros antes del punto de medición. Además, queda prohibido fiscalizar velocidades sin garantizar una transición gradual y progresiva de las máximas permitidas. Como graficó el diputado: “Si vas de Cañuelas a Luján, es un jeroglífico (…) vas 110, a los 200 metros 80, 60. Es prácticamente imposible manejar de esa naturaleza”.
- Transparencia digital: La autoridad de aplicación estará obligada a publicar en su sitio web un registro permanente y accesible con la georreferenciación, el número de serie y los certificados de homologación vigentes de todos los radares de la Provincia.
EL MODELO RÍO NEGRO: 90 DÍAS Y ANULACIÓN MASIVA DE ACTAS
La letra chica del articulado le otorga a la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial un plazo de 90 días para regularizar el funcionamiento de los equipos en todas las rutas y caminos. Durante este proceso, se aplicará el artículo 4 del proyecto, el cual decreta que serán consideradas nulas de nulidad absoluta todas las actas de infracción que no hayan cumplido con la nueva normativa, debiendo el Juzgado de Faltas ordenar su archivo de oficio.
De Leo expuso como antecedente el caso de Río Negro, provincia que suspendió sus radares por 90 días, llamó a una nueva licitación, modificó los contratos con las empresas operadoras y anuló 460.000 fotomultas previas, logrando reducir las infracciones sin incrementar los accidentes de tránsito.
En los fundamentos del proyecto —acompañado por las firmas de los legisladores Luciano Bugallo y Romina Braga— se subraya que la seguridad vial jamás debe confundirse con un fin recaudatorio. “La única política de estado que tiene tanto la Nación como la Provincia de Buenos Aires es cobrar la VTV y cobrarle multas a los vecinos a través de fotomultas. No salvan vidas hoy, lo que salva vidas es inversión en rutas e infraestructura”, sentenció el titular de la bancada cívica, dejando en claro que el debate en las comisiones promete chispazos con el oficialismo.
