En medio de una investigación que no deja de escalar, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo frente de complicaciones tras la declaración de una pieza clave: la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en prácticamente todas las operaciones inmobiliarias de su entorno familiar.
La profesional se presentó durante más de tres horas ante el fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py, donde aportó documentación y respondió preguntas sobre las transacciones que hoy están bajo la lupa judicial. Sin embargo, al salir de la audiencia dejó una frase que resonó más que cualquier explicación técnica: “Pregúntele a él”. Una respuesta que, lejos de despejar dudas, pareció trasladar la responsabilidad directamente al funcionario.
Nechevenko intentó sostener que “no hubo préstamos en efectivo”, sino que las operaciones se encuadraron en esquemas de compraventa con hipoteca por saldo de precio. Es decir, una figura legal que, en teoría, explicaría por qué particulares financiaron gran parte de las compras. Pero esa aclaración no alcanzó para disipar las sospechas, especialmente en un contexto donde las propias “acreedoras” de una de las operaciones negaron conocer a Adorni.
El testimonio de la escribana adquiere peso no solo por su rol técnico, sino también por su cercanía con el funcionario: según registros oficiales, visitó al menos siete veces la Casa Rosada entre 2024 y 2025, período en el que se concretaron las adquisiciones investigadas. Además, fue quien certificó la compra del departamento de la calle Miró en Caballito, la casa en el country Indio Cuá y otra operación en Parque Chacabuco.
Justamente, el departamento de Caballito es uno de los principales focos de la causa. La propiedad fue escriturada en 230.000 dólares, un valor que distintos especialistas consideran muy por debajo del mercado para una unidad de esas características. A eso se suma el esquema de financiamiento: cerca del 87% del monto habría sido cubierto por las vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes posteriormente negaron haber otorgado ese préstamo.
En paralelo, la investigación detectó una operatoria similar en otra propiedad del funcionario, ubicada en Parque Chacabuco, donde también se registró una hipoteca privada por 100.000 dólares, esta vez vinculada a Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio. Ambas fueron citadas a declarar, al igual que las otras dos mujeres, en un intento por esclarecer si los préstamos existieron realmente o si se trató de mecanismos simulados.
La hipótesis que analiza la Justicia, con intervención del juez Ariel Lijo, es si estas estructuras financieras fueron utilizadas para justificar fondos cuyo origen no estaría debidamente acreditado. En otras palabras, si detrás de estas operaciones hubo algo más que simples acuerdos entre privados.
El caso no se limita al plano inmobiliario. En paralelo, el mismo juzgado investiga los viajes en vuelos privados que Adorni realizó junto a su familia, presuntamente financiados por el empresario y conductor Marcelo Grandio, lo que abre interrogantes sobre posibles dádivas y conflictos de interés.
En ese escenario, la declaración de la escribana dejó una sensación difícil de disimular: más que cerrar filas, optó por correrse del centro de la escena y dejar al funcionario frente a las explicaciones. Y en una causa donde lo que sobra son preguntas, ese gesto no hizo más que profundizarlas.
