En la Argentina de las crisis recurrentes, el Servicio Militar Obligatorio (SMO) reaparece como un comodín de la demagogia política. Frente a la delincuencia juvenil o la falta de contención social, diversos sectores agitan la conscripción como un “reformatorio moralizador”.
El senador Sergio Berni lo trajo a la agenda hace pocas semanas durante una entrevista en Lado P. “Soy el que banca el servicio militar obligatorio”, fue el planteo del ex Ministro de Seguridad durante esa charna en INFOCIELO PLAY.
Sin embargo, el análisis técnico del doctor en Antropología Social e investigador del CONICET Germán Soprano en el programa Parecemos Buenos Amigos demuestra que este reclamo desconoce tanto la historia institucional como la realidad operativa del instrumento militar.
El argumento político más extendido sostiene que el cuartel enseñaría “orden y disciplina” a los jóvenes que no estudian ni trabajan. No obstante, Soprano advierte que las exigencias sociales cambiaron de manera radical: “Lo que era aceptable desde el punto de vista del disciplinamiento social para un joven de sectores populares a principios del siglo XX no es lo mismo que lo que aceptaba la sociedad para un joven en la década del 80 y 90”.
Pretender que las Fuerzas Armadas asuman la contención de la marginalidad o suplan las deficiencias de la educación pública distorsiona su misión constitucional. Un ejército moderno requiere una cadena de mando orientada a la eficacia de combate y no una estructura de custodia para jóvenes no cualificados.
El verdadero origen de 1901: Unificación del mando y geopolítica
Frente al mito de que el Servicio Militar nació únicamente para educar o controlar a la población, Soprano aclara que la Ley 4031 de 1901 (Ley Ricchieri) respondió a una necesidad de reorganización estatal y defensa territorial. Hasta entonces, existía una dispersión militar entre el ejército de línea y las guardias nacionales de los gobernadores.
“En 1901 la ley lo que hace es poner todo eso bajo el poder del Presidente”, unificando el mando bajo inspiración del modelo republicano francés y la doctrina norteamericana. Asimismo, respondía a exigencias geopolíticas concretas: la custodia de las fronteras en la Pampa, la Patagonia y el Chaco, y un escenario de tensión vecinal con Chile que aprobó una ley similar en espejo.
Durante las primeras décadas del siglo XX, la conscripción sí funcionó como una “escuela de Sarmiento” para un país en formación. “En las primeras conscripciones entre 1902 y 1911 tenés aproximadamente un 50% de los jóvenes conscriptos que son analfabetos o ineducados”. Para responder a esto, dentro de los regimientos funcionaban escuelas de adultos con maestros civiles que alfabetizaban a la tropa.
Este proceso dejó una huella institucional clave en la democracia argentina: en 1911 el Ejército asumió el control del enrolamiento y “sobre ese padrón militar se monta la Ley Sáenz Peña de 1912 para el voto universal masculino, secreto y obligatorio”.
La reforma de 1994: Del conscripto al voluntario
Tras el colapso de la dictadura y el asesinato del soldado Omar Carrasco en Zapala en 1994, la Ley 24.429 reemplazó la conscripción obligatoria por el Servicio Militar Voluntario. Soprano remarca que el SMO “está suspendido, no abolido en la Argentina”, pero que el modelo actual supone una lógica completamente distinta.
El paso al voluntariado no solo permitió la incorporación histórica de las mujeres, sino que transformó la relación de mando: “No es lo mismo ejercer el mando sobre alguien que tiene la obligación ciudadana que sobre alguien que va voluntariamente, que si mañana dice que esto no va más, pide la baja y se le tiene que dar”.
Asimismo, Soprano señala que la estigmatización de las fuerzas responde a una mirada “AMBA-céntrica”: “La idea de la falta de prestigio no la podemos calibrar por lo que piensa el estudiantado de una facultad de humanidades, sino por el vínculo en pequeñas localidades del interior —como en la Base Naval de Punta Indio— donde el cuartel es parte central de la economía y la sociabilidad local”.
Desde el punto de vista económico, reabrir los cuarteles a la fuerza es inviable. Con un presupuesto cercano al 0,5% del PBI, “se definió la prestación del servicio militar voluntario sin jerarquizarla adecuadamente desde el punto de vista salarial; hoy el ingreso que tiene un soldado voluntario está por debajo de la línea de pobreza”.
Esta precariedad genera organizaciones desequilibradas con “muchos caciques y pocos indios”, donde faltan tropas de línea y sobran escalafones superiores. Reincorporar a miles de conscriptos por la fuerza requeriría fondos multimillonarios que el Estado no posee y que las propias fuerzas rechazan administrar.
