Una impensada polémica se generó entre la municipalidad de Bahía Blanca, a cargo de Héctor Gay, del PRO, y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El tema en cuestión es la implementación de la ley de alcohol cero para conducir, en todo el territorio bonaerense.
El Ministerio de Transporte informó que a partir del primer minuto del 2023, se ponía en vigencia la modificación en el código de tránsito, que ya no permite el consumo de alcohol para manejar, y deja sin efecto el límite de 0,5 para automovilistas y de 0,2 para motociclistas.
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Sin embargo, en Bahía el municipio está esperando que la ley quede reglamentada a partir de su publicación en el Boletín Oficial, paso administrativo que aún no se llevó a cabo.
Consultado al respecto el director de Ordenamiento Urbano de Bahía Blanca, Martín Moyano, insistió en que debe ser publicada en el Boletín Oficial para poder empezar a aplicarla.
El funcionario defendió su posición sosteniendo de que se trata de “un principio jurídico básico que siguen todas las leyes” y que “se enseña en Introducción al Derecho en la universidad y en cualquier clase de Cívica secundaria”.
“Hasta nos ser publicadas no adquieren una obligatoriedad. El sistema democrático tiene un sistema de garantías y establece este tipo de procedimientos para que no vulneremos el derecho el derecho de las personas”, amplió.
Moyano aclaró que es una norma que estaban esperando, pero que falta “ese detalle técnico que es muy importante” y que “puede ser que el ministro esté confundiendo algún concepto”.
“Hay una garantía constitucional muy importante que se conoce como nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, es decir, no hay crimen si no hay una ley anterior que así lo establezca”, finalizó.
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