“El gobierno de la provincia de Buenos Aires acepta que la sobrepoblación de su sistema penitenciario es crítica. En un informe presentado a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) afirma que tiene 10.000 personas por encima del cupo que el mismo Poder Ejecutivo estableció, sin contar a quienes están alojados en comisarías”, afirma un comunicado emitido por la Comisión Provincial por la Memoria.
“Sin embargo, y aunque los jueces lo solicitaron, no presentó ningún plan para resolver la crisis. Esta actitud de incumplimiento se viene reiterando en distintas instancias en las que jueces provinciales tomaron medidas orientadas a proteger a las y los detenidos”, agregaron.
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Por este motivo, la Comisión Provincial por la Memoria, la Defensoría de Casación y el CELS, en la audiencia de seguimiento del expediente iniciado por las condiciones de detención en la Provincia, realizada el miércoles 11 de julio, solicitaron a la Suprema Corte que tome medidas que son necesarias para poner fin a las violaciones de los derechos humanos en el sistema penal provincial.
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Los puntos que pidieron son:
-Se conforme un comité de emergencia por sobrepoblación que tenga la tarea de definir las plazas disponibles y de tomar decisiones específicas para bajar la cantidad de personas privadas de la libertad,
-La Suprema Corte genere directrices para que los jueces reduzcan la cantidad de personas encerradas en el sistema penal, controle que se cumpla la orden de no alojar detenidos en lugares inhabilitados, dictada por ese mismo tribunal en diciembre de 2015 e impulse acciones eficaces para la prevención, asistencia de víctimas y sanción de las torturas sistemáticas y otros tratos crueles o degradantes que se registran en el sistema de encierro.
Según informaron, entre diciembre de 2012 y mayo de 2018 la tasa de personas detenidas pasó de 180 a 255 cada 100.000 habitantes en cárceles, alcaidías y comisarías.
“Una de las consecuencias de este crecimiento es la cantidad de personas alojadas en las comisarías, que se duplicó entre diciembre de 2015 y julio de 2018”, afirma el comunicado.
En ese sentido, añadieron: “A la sobrepoblación y el hacinamiento crecientes se suman la persistencia de la tortura y los malos tratos y las pésimas condiciones de salud que caracterizan a las cárceles de la provincia”.
La Comisión Provincial por la Memoria, la Defensoría de Casación y el CELS son peticionarios de las medidas cautelares dictadas en 2012 y 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenaron que se resguarde la vida e integridad física de las personas detenidas en las cárceles y comisarías bonaerenses.
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