Netflix acató las normas argentinas tras una denuncia de la Provincia

El gigante del streaming Netflix modificó sus condiciones de contratación luego de la imputación de oficio que dictó la Provincia de Buenos Aires.

Meses atrás, a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica había denunciado cláusulas abusivas que limitaban los derechos de las y los consumidores.

Según explicaron desde dicha cartera, se constató, analizando los “Términos de Uso de Netflix” que rigen la contratación, que la reconocida empresa mediante una redacción compleja y poco clara, impone a sus usuarias y usuarios cláusulas que se presentan abusivas.

Desde el gobierno de Axel Kicillof destacaron que tras la presentación beneficiará a consumidores de todo el país ya que a partir de esta actualización la empresa deja de utilizar leyes del Estado de Delaware (Estados Unidos), y se adecúa al Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

Las tres cláusulas que eliminó Netflix

El pasado 5 de enero entraron en vigencia los nuevos Términos de Uso del servicio. En esta actualización la empresa eliminó tres cláusulas que vulneraban derechos de consumidores según las leyes argentinas:

• Imponían que los pagos realizados por el consumidor NUNCA serían reembolsables por la empresa, limitando la posibilidad de reclamo y estableciendo que NUNCA se otorgaría crédito en favor del usuario.
• Imponían la renuncia de las y los consumidores a iniciar reclamos y a participar en acciones colectivas en defensa de sus derechos.
• Establecían que los Términos de Uso se regirían por leyes estadounidenses del Estado de Delaware, en violación al Código Civil y Comercial de la Nación.

Además se adecuó la cláusula que condicionaba la cancelación de la suscripción, limitando los derechos de los usuarios y su libertad de contratar.

Para la provincia, la presentación cumplió con el deber de controlar los contratos de adhesión ya que las y los consumidores contratan directamente sin posibilidad de negociar como también se persigue evitar conductas que puedan resultar violatorias a la normativa de defensa de los consumidores.