La administración nacional del Puerto de Ushuaia autorizó el amarre y la operación de un buque petrolero de bandera británica, el VS Promise, en una terminal que se encuentra intervenida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
La decisión generó un fuerte rechazo del Gobierno de Tierra del Fuego, que exigió explicaciones públicas y cuestionó que una embarcación del Reino Unido opere en el puerto de la capital provincial mientras ese país mantiene la ocupación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Con esta decisión, el Gobierno de Javier Milei vuelve a quedar en el centro de una polémica por la cuestión Malvinas.
El episodio adquiere una particular dimensión política porque la propia Nación justificó la intervención del puerto, dispuesta a comienzos de este año, en la necesidad de proteger el interés público y garantizar el funcionamiento de una terminal considerada estratégica para la Argentina por su ubicación en el Atlántico Sur y su cercanía con la Antártida.
EL ARGUMENTO DE LA SOBERANÍA, EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA
Desde Tierra del Fuego calificaron como “inadmisible” la presencia del buque británico y apuntaron directamente contra la administración nacional del puerto. “Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio”, cuestionó el Ejecutivo fueguino.
La Provincia reclamó que el Gobierno nacional informe de manera inmediata bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación y exigió el cese de la intervención y la restitución de la administración portuaria a Tierra del Fuego. El planteo también recupera la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, sancionada en 2011. La norma establece restricciones para la permanencia, amarre, abastecimiento u operaciones logísticas de buques de bandera británica vinculados con actividades de exploración o explotación de recursos naturales en el ámbito relacionado con Malvinas.
La Provincia sostiene que la cuestión no puede analizarse únicamente como una operación comercial. Para el Ejecutivo fueguino, Ushuaia ocupa un lugar estratégico por su proyección sobre el Atlántico Sur y su condición de puerta de entrada a la Antártida.
CRÍTICAS DESDE EL PUERTO DE USHUAIA
La polémica también generó cuestionamientos entre los trabajadores del Puerto de Ushuaia, que denunciaron que los interventores nacionales no cumplieron con la normativa provincial que restringe la operación de buques británicos. Gastón Castillo, director administrativo contable, en declaraciones a AIRE LIBRE FM de Río Grande, sostuvo que la intervención “opera sin transparencia” y cuestionó que ningún funcionario nacional haya salido públicamente a explicar por qué se autorizó el ingreso de la embarcación.
“Nosotros decimos que han generado un Estado aparte con el puerto”, afirmó Castillo. Según explicó, desde el comienzo de la intervención los trabajadores no recibieron información sobre decisiones de ese tipo y aseguró que la Provincia tampoco fue notificada de la llegada del buque petrolero de bandera británica. Castillo también advirtió por la situación de los 82 trabajadores que fueron reasignados tras la intervención y alertó que, si la medida se prolonga, podría verse afectado el pago de salarios por la caída de los ingresos del puerto. “Nuestros puestos de trabajo naturales están intervenidos”, señaló el dirigente, quien además cuestionó que las decisiones adoptadas por la intervención se realicen sin contemplar las leyes provinciales.
El trabajador recordó además que la intervención comenzó el 21 de enero y que la resolución estableció inicialmente un plazo de 12 meses, aunque advirtió que las licitaciones en marcha podrían extender su permanencia. En ese contexto, cuestionó que los interventores actúen bajo directivas nacionales y sin coordinación con las autoridades fueguinas.
EL ANTECEDENTE DEL HMS MEDWAY
La polémica llega pocas semanas después de otro episodio que involucró a un buque británico. En julio, el HMS Medway, patrullero de la Royal Navy destacado ilegalmente en Malvinas, navegó desde las islas hacia Chile y atravesó aguas argentinas. En aquella oportunidad, el propio Gobierno nacional presentó una protesta diplomática contra el Reino Unido. La Cancillería sostuvo que los movimientos del buque no habían sido debidamente notificados y que su tránsito por el Mar Territorial argentino constituía una violación de compromisos bilaterales.
La sucesión de ambos episodios vuelve a poner bajo la lupa la política del Gobierno frente a la soberanía argentina sobre Malvinas. Mientras la administración de Milei sostiene públicamente el reclamo argentino sobre las islas, en Ushuaia una dependencia nacional habilitó la operación de un buque de bandera británica en un puerto cuya intervención fue justificada, entre otros argumentos, por su carácter estratégico para los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
Tierra del Fuego ya anticipó que continuará con las acciones judiciales contra la intervención y advirtió que no permanecerá indiferente ante decisiones del poder central que, según sostiene, comprometan sus competencias y los intereses estratégicos argentinos. “La soberanía se ejerce en todos los ámbitos posibles”, concluyó la Provincia. Una definición que ahora vuelve a poner el foco sobre la gestión nacional de uno de los puertos más sensibles del país.
