Mientras el Gobierno nacional celebra indicadores que mostrarían una baja de la pobreza, un nuevo informe de la Fundación Soberanía Sanitaria encendió una señal de alarma difícil de soslayar: durante 2024 aumentó la mortalidad infantil en Argentina, rompiendo una tendencia descendente que se había sostenido durante más de dos décadas.
Según el estudio, elaborado a partir de datos oficiales de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de mortalidad infantil alcanzó en 2024 las 8,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, lo que representa un incremento del 6,25% respecto de 2023, cuando el indicador se ubicaba en 8 por mil. Se trata del mayor aumento porcentual desde el año 2002.
La mortalidad infantil es considerada uno de los indicadores más sensibles para medir las condiciones de vida de una población y el impacto de las políticas públicas. Su evolución no solo refleja el funcionamiento del sistema de salud, sino también variables clave como el empleo, los ingresos, la situación social y el acceso efectivo a derechos básicos, especialmente entre los sectores más vulnerables.
Un fenómeno de alcance federal
El informe advierte que el aumento no se limita al promedio nacional. Al analizar los datos por provincia, se observa que solo 9 de las 24 jurisdicciones lograron sostener la tendencia a la baja, mientras que 15 registraron subas en la tasa de mortalidad infantil. En varias de ellas, los incrementos superan el 10% y en algunos casos incluso el 20%, lo que evidencia un fenómeno de alcance federal y no un problema localizado.
El crecimiento registrado en 2024 se explica principalmente por el aumento de la mortalidad neonatal, es decir, las muertes ocurridas durante los primeros 28 días de vida. Este componente pasó de una tasa de 5,5 en 2023 a 6 en 2024, mientras que la mortalidad posneonatal se mantuvo estable. La mortalidad neonatal concentra cerca del 60% de las muertes infantiles y está directamente vinculada con el acceso oportuno y de calidad a los controles del embarazo, la atención del parto y el cuidado del recién nacido.
Ajuste, recortes y políticas debilitadas
Desde la Fundación Soberanía Sanitaria advierten que este retroceso se da en un contexto de crisis económica y social, con deterioro de las condiciones laborales, aumento del desempleo y mayores dificultades para acceder al sistema de salud. A esto se suma, señala el informe, el debilitamiento de políticas sanitarias clave, especialmente en el área perinatal.
Entre los retrocesos identificados se destacan el debilitamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, la suspensión de la provisión nacional de medicamentos e insumos críticos, como surfactante pulmonar, gammaglobulina anti RH y tratamientos para patologías congénitas y la discontinuidad de programas preventivos como el de Sueño Seguro. Estas decisiones, advierten, profundizan la fragmentación del sistema y generan mayores desigualdades entre provincias.
“El aumento de la mortalidad infantil vuelve a mostrar su carácter de indicador privilegiado del impacto de las políticas públicas. Cuando el Estado se retira, las consecuencias aparecen primero en los sectores más vulnerables”, concluye el informe, que llama a revisar de manera urgente las prioridades en materia de política sanitaria y social.
En un escenario donde el Gobierno destaca supuestos logros macroeconómicos, los datos oficiales sobre mortalidad infantil exponen el lado más crudo del ajuste: menos nacimientos no necesariamente significan mejores condiciones de vida, y el deterioro de los indicadores sanitarios anticipa un agravamiento de las desigualdades sociales y territoriales en Argentina.
