Mientras la inflación sigue su ritmo mensual por encima de los dos dígitos -pese a que el Gobierno Nacional destaca la desaceleración de la misma-, y a la espera del impacto de los tarifazos de luz, gas y agua, en la provincia de Buenos Aires buscan herramientas para que el golpe al bolsillo sea el menor posible y se sostengan, especialmente, las empresas y negocios bonaerenses.
El ajuste afecta especialmente a la Provincia. Como contó INFOCIELO, el recorte de los fondos fiducidarios dejó al ejecutivo provincial sin recursos claves que ayudaban a equiparar la injusta coparticipación que percibe en relación a lo que aporta. Con recursos limitados, Kicillof ya comenzó a advertir que “no hay plata”: el ajuste llegó a Cuenta DNI, y firmó paritarias a la baja con los gremios estatales. Mientras tanto, busca herramientas que le permitan sostener el consumo interno.
Mientras un sector oficialista de la Legislatura bonaerense trabaja en lograr adhesión para reforzar el reclamo que presentó el Ejecutivo ante la Corte Suprema por los fondos creados por ley que decidió cortar Milei, otro grupo de legisladores buscan “proyectos que tengan que ver con la representatividad y con las nuevas normas, y leyes para que no le afecten tanto principalmente al sector productivo”. Así lo reveló el diputado Leonardo Moreno en LADO P.
“Se están pensando en diferentes proyectos desde el bloque, desde nuestra oficina, pero también lo que te decía del Gobierno Provincial, de las áreas de mercado interior, de Mercado en Tu Barrio, tratar de al menos en este momento ponerle un paleo a la crisis económica y tener diferentes dispositivos en los municipios, en los sectores productivos que puedan tener consumo a bajo costo”, indicó.
La lluvia de amparos contra los tarifazos
“Estamos desamparados”, afirmó Moreno, quien señaló que la derogación de las normas de la Secretaría de Comercio “pasan a ser parte de los grupos económicos, no defender a sus consumidores y a los vecinos, y uno ya no sabe para dóde ir”.
“Cuando empiecen a venir los aumentos descomunales para las sociedades de fomento, los clubes de barrio, ahora las obras sociales, la telefonía, los colegios privados, no van a alcanzar los amparos ni los abogados y va a haber que tomar una definición desde lo legislativo, con el ejecutivo para ver cómo resolvemos este tema, porque la gente no va a poder pagar esas tarifas descomunale”, advirtió el diputado provincial.
Un escenario para nada irreal, si se tiene en cuenta que es lo que acaba de ocurrir con las prepagas: luego de tres meses de aumentos indiscriminados, a partir de la desregulación que realizó el gobierno de Javier Milei con el DNU 70/2023, finalmente decidieron intervenir y retrotraer precios tras denunciar “cartelización”. En el medio, hubo una lluvia de amparos individuales que llenaron los juzgados civiles y comerciales.
Hacia allí le apunta el bloque legislativo de Unión por la Patria, que buscará patrocinar amparos colectivos, y fortalecer las entidades de defensa al consumidor para que puedan revisar la aplicación de los aumentos, y la presunta “libre competencia” que busca fomentar el ejecutivo nacional al desregular precios.
