El proyecto de ley que impulsa La Cámpora y el sindicalismo en la Legislatura bonaerense que pretende modificar las tasas de interés que se aplican al momento de abonar indemnizaciones laborales, sigue generando polémica y más de un centenar de entidades y asociaciones empresarias salieron a rechazarlo.
El proyecto ya tuvo luz verde en la Cámara de Diputados y ahora se debatirá en comisiones en el Senado. De hecho, esta tarde pasará por la comisión de Trabajo y Legislación Social, donde Unión por la Patria tiene cinco sillas y la oposición, cuatro.
Desde la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), emitieron un comunicado que lleva la firma de más de 110 entidades empresarias, en el que señalaron que la propuesta “va en desmedro de la generación de empleo, perjudica de lleno la actividad y estabilidad de las empresas”.
“Sería sumar un golpe más a la profunda crisis que vienen soportando las pymes de la Provincia de Buenos Aires”, planteó el presidente de FEBA, Camilo Alberto Kahale.
En esa línea, el dirigente empresarial señaló que hay “mucha preocupación” porque si se aprueba la modificación del artículo 48 de la Ley de Procedimiento laboral, “nos obliga a los empresarios a no tomar nuevos empleados y nos deja desamparados ante un eventual juicio laboral”.
“Las pymes sufren un contexto de alta conflictividad y con iniciativas de esta naturaleza tendrán más inconvenientes para afrontar sus altos costos porque las ventas han caído de manera estrepitosa y se pone en riesgo su continuidad productiva”, señaló por su parte el presidente de la Confederación Económica (CEPBA), Guillermo Siro.
Indemnizaciones: las autoras del proyecto dijeron que apunta a bajar los juicios laborales
En tanto, las legisladoras Maite Alvado y Soledad Alonso, autoras de la iniciativa, celebraron que el Senado inicie el tratamiento del expediente, al tiempo que aclararon que no buscan aumentar las indemnizaciones, sino que quieren modificar las tasas de interés aplicable a las sentencias judiciales en materia laboral.
Según sostuvieron las diputadas, la medida se explica porque, debido al tiempo que transcurre entre el despido y la sentencia en un juicio laboral, la indemnización se ve gravemente afectada por la inflación.
En ese sentido, Alonso destacó que la propuesta no busca perjudicar económicamente a la parte empleadora, sino que “es un estímulo” para lograr acuerdos sin necesidad de llegar a la instancia judicial.
“Por un lado, acelera los tiempos de cobro de las indemnizaciones, entendiendo que el desamparo económico del trabajador y su grupo familiar ocurre en el momento del despido, y no cinco años después cuando logra sentencia. Por otro lado, favorece la reducción del cuello de botella que se genera en la Justicia ante la acumulación de causas”, enfatizó.
Asimismo, la legisladora sostuvo que de aprobarse esta ley, “erradica la industria del juicio que se forma cuando la parte empleadora se ve económicamente beneficiada, ya que el paso del tiempo le permite especular y generar ganancias por la dilación en el pago”.
