En el medio de la guerra entre María Eugenia Vidal y Marcos Peña, mano derecha de Mauricio Macri, se conoció hoy que el Gobierno bonaerense tiene virtualmente “pisado” el acuerdo de traspaso de Edenor y Edesur a la órbita de la Provincia. Así lo reveló, curiosamente, o no tanto, la Jefatura de Gabinete en su informe 122, publicado hoy.
En la página 68 de dicho documento se aborda, a pedido de los Diputados, la situación del traspaso. “Se encuentra en trámite la ratificación del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires de los instrumentos mencionados”, señala el texto, disponible en la web de la JGM.
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La demora es llamativa: el acuerdo entre la Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires –en rigor “Acuerdo de Implementación de la Transferencia de Jurisdicción sobre el Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”- data de comienzos de mayo de 2019 y se suponía su ratificación del convenio era un mero trámite.
Así fue, al menos, de parte de Presidencia y del Gobierno porteño. La Legislatura de la CABA mediante Ley 6.180 y la Resolución 161 del 4 de julio de 2019 aprobaron los acuerdos, y con fecha 26 de julio de 2019 dictó su promulgación por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 263, según consta en el informe de Peña.
Pero la política metió la cola. Y, con maneras poco sutiles. Según reconstruyó INFOCIELO, y contrariamente a lo que asumen Peña y su equipo, el decreto está firmado por María Eugenia Vidal y sus ministros Federico Salvai (Jefatura), Hernán Lacunza (Economía) y Roberto Gigante (Infraestructura), desde el 26 de julio.
La norma, sin embargo, no tiene validez porque todavía no apareció en el Boletín Oficial. Su publicación está demorada, con fecha indefinida. La excusa oficial es que “alguien” incorporó un artículo donde se ordena “dar cuenta a la Honorable Legislatura de la provincia de Buenos Aires para su correspondiente ratificación legislativa”.
Siempre según ese relato, ni Vidal ni su equipo tenían en mente someterse, en plena campaña, al ruidoso escrutinio de la oposición, en un tema tan delicado como la política tarifaria. En esos días todavía resonaban los ecos del apagón de La Plata, que puso bajo la lupa el rol de Cambiemos en la conformación del monopolio ilegal que ostenta el empresario Rogelio Pagano, que controla las principales distribuidoras eléctricas bonaerenses.
No sabían entonces que, tras las PASO, la tarea iba a resultar todavía más compleja. La derrota electoral no sólo redujo considerablemente las chances de que María Eugenia Vidal reelija. También golpeó la moral del equipo y erosionó la voluntad de tomar decisiones a pedido de Mauricio Macri.
Pero hay razones para suponer que los motivos que esgrime el Gobierno bonaerense no son tan inocentes. Y que lo que subyace es la conocida puja política con Peña y la Casa rosada. Una de ellas tiene que ver que el Decreto escondido –rotulado DECTO-2019-992-GDEBA-GPBA-, que consta de nueve artículos, admite entre sus considerandos que la Legislatura ya autorizó el traspaso.
“A través de la Ley Nº 15.078 la legislatura de la provincia de Buenos Aires, autorizó al Poder Ejecutivo a suscribir los instrumentos, dictar las normas y crear los organismos que resulten necesarios a fin de hacer efectiva la transferencia a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte de la Nación, de la jurisdicción y competencia sobre el servicio de distribución de energía eléctrica a cargo de EDENOR y EDESUR”, se lee en la norma.
En ese párrafo está la piedra de la discordia. Si la Legislatura ya había habilitado a María Eugenia Vidal a dictar las normas y crear los organismos necesarios para el traspaso, ¿por qué necesitaba el Ejecutivo una nueva ratificación?
Hoy, dentro del Gobierno hay quienes opinan que la mejor salida es publicar el Decreto y darle curso a un improbable debate. Ambas Cámaras muestran síntomas de una parálisis pocas veces vista en Democracia. La otra opción es mantenerlo bajo siete llaves, en stand by, para que la administración que tome las riendas el 10 de diciembre haga y deshaga según su propio criterio.
En los hechos, el acuerdo de traspaso le da la potestad al Gobierno bonaerense de fijar la política tarifaria, que hoy no tiene, sobre diez millones de usuarios del Conurbano bonaerense, y lo lleva asumir el “costo político” de esas decisiones, que hoy toma Mauricio Macri. La discusión tarifaria recién se producirá el año entrante, razón de más para no apurarse.
El problema de la parsimonia del vidalismo es que afecta directamente los intereses de Horacio Rodríguez Larreta, el socio político que gobierna al otro lado de la avenida General Paz. Larreta mantiene chances de reelegir y las malas lenguas dicen que prometió cargos en el directorio del nuevo Ente Regulador, que tendrá carácter tripartito. Por eso, cuentan, marca insistentemente la característica 221.
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