La política de desregulación aerocomercial del gobierno de Javier Milei sigue avanzando con firmeza. Este lunes, la Secretaría de Transporte, a través del subsecretario Hernán Adrián Gómez, autorizó a tres aerolíneas low cost a operar nuevas rutas internacionales desde y hacia el país. Las disposiciones, publicadas en el Boletín Oficial, habilitan a Sky Airline, AraJet y JetSmart a brindar servicios de transporte aéreo de pasajeros y cargas en rutas que conectan destinos clave como Punta Cana, Bariloche y Buenos Aires.
En línea con la liberalización que impulsa la gestión actual, el titular de la Secretaría de Transporte, Franco Mogetta, celebró la medida destacando la reducción de trabas burocráticas y el fin de monopolios. Mogetta remarcó que la estrategia, conocida como “cielos abiertos”, busca atraer más compañías al mercado aéreo argentino, ampliando las opciones para los pasajeros y potenciando la competencia. Sin embargo, detrás de este discurso, el plan también tiene un blanco claro: la privatización de Aerolíneas Argentinas.
Desde la implementación del DNU 70/2023, Aerolíneas Argentinas ha perdido gradualmente la exclusividad en varias rutas estratégicas, viéndose obligada a competir en condiciones que, según sus defensores, amenazan su viabilidad. Voces como la del titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, advierten sobre los riesgos de una desregulación total, calificándola como un intento de “rifar la soberanía aérea” del país.
Aerolíneas Low-cost en el ojo de la tormenta
El plan gubernamental, que posiciona a las aerolíneas low-cost como protagonistas del mercado, enfrenta cuestionamientos no solo por sus implicancias estratégicas, sino también por los problemas operativos de estas compañías. Flybondi, una de las principales beneficiarias de la desregulación, acumuló en la última semana al menos 28 vuelos cancelados, situándose entre las seis aerolíneas con más cancelaciones a nivel mundial, según datos de FlightAware.
La compañía también ha enfrentado incidentes preocupantes, como el desvío de un vuelo entre Buenos Aires y Córdoba por desperfectos técnicos. A pesar de las medidas del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) para mejorar las condiciones de operación de las low-cost, Flybondi sigue registrando niveles de servicio que generan descontento y preocupación entre los pasajeros.
En este contexto, mientras el Gobierno insiste en su estrategia de desregulación y la eventual privatización de Aerolíneas Argentinas, las deficiencias operativas de las low-cost plantean una pregunta inevitable: ¿puede este modelo garantizar un servicio de calidad y seguridad a largo plazo? Para muchos usuarios, la respuesta aún está lejos de ser clara.
