El Gobierno de Javier Milei terminó suspendiendo el decreto que desregulaba el practicaje luego de que los trabajadores de la actividad paralizaran sus tareas y comenzaran a afectar la operatoria portuaria.
El acuerdo alcanzado contempla la conformación de una mesa de trabajo y una reducción del 20% en las tarifas y el inmediato restablecimiento del servicio.
La decisión representa un revés para el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que había impulsado la modificación del régimen vigente desde 1991 con el argumento de abrir el mercado, incorporar nuevos prestadores y reducir los costos logísticos del comercio exterior.
La pulseada tuvo una traducción concreta en los puertos bonaerenses. La medida de fuerza había generado demoras y complicaciones en La Plata, Quequén, Bahía Blanca, Dock Sud y Zárate-Campana, con operaciones vinculadas a hidrocarburos, exportaciones agroindustriales y proyectos relacionados con Vaca Muerta entre las afectadas.
Después de defender públicamente la reforma y anticipar incluso posibles sanciones contra quienes interrumpieran el servicio, el Ejecutivo terminó negociando con los representantes del sector y suspendiendo la aplicación de la norma.
Sturzenegger quería competencia y terminó suspendiendo el decreto
El decreto había sido presentado por el Gobierno como una pieza más de la política de desregulación de Sturzenegger. El objetivo oficial era terminar con lo que consideraban un mercado cerrado, facilitar el ingreso de nuevos jugadores y utilizar la competencia para reducir las tarifas del practicaje.
El propio ministro había cuestionado los costos del servicio en Argentina y lo había incluido entre los componentes del denominado “costo argentino”. La Casa Rosada sostuvo que una reducción de los costos del practicaje permitiría mejorar la competitividad de las empresas y, eventualmente, beneficiar también a los consumidores.
La respuesta del sector fue el paro. Los prácticos, pilotos y baqueanos dejaron de prestar servicios y pusieron en tensión una actividad indispensable para el ingreso, egreso y desplazamiento de los buques en zonas portuarias.
La situación llevó a dejar parados a más de 180 barcos con una pérdida económica de más de 4,5 millones de dólares en apenas un día de protesta
La medida se había sentido especialmente en Buenos Aires. En Quequén, por ejemplo, los prácticos habían dejado de trabajar aunque los buques continuaban con tareas de carga, mientras que en Bahía Blanca un buque vinculado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur había quedado fondeado sin poder avanzar con su operación.
En Puerto La Plata, la falta de practicaje también había condicionado movimientos relacionados con hidrocarburos. El conflicto amenazaba con extenderse y generar nuevas demoras sobre una cadena logística que el Gobierno justamente buscaba abaratar.
La presión terminó modificando el escenario. El Ejecutivo no avanzará, por ahora, con la aplicación del decreto y abrió una mesa de trabajo con los representantes del sector.
Baja del 20% y negociación abierta
El acuerdo anunciado por el Gobierno establece una reducción del 20% en las tarifas del practicaje y el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación.
Además, se conformará una mesa de trabajo coordinada por el Ejecutivo, con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes. Allí se revisarán los distintos puntos incluidos en la normativa de desregulación.
Los representantes del sector retomarán las tareas mientras continúan las conversaciones para alcanzar un acuerdo definitivo.
El resultado deja una primera lectura política: la desregulación que Sturzenegger buscaba aplicar quedó en suspenso después de que el paro pusiera en riesgo la continuidad de la actividad portuaria.
El Gobierno consiguió, a cambio, una reducción tarifaria del 20%, pero debió sentarse a negociar con un sector al que había acusado de resistirse a la competencia y al que incluso había advertido con posibles sanciones.
Por ahora, el decreto quedó frenado y la reforma deberá discutirse nuevamente en una mesa de negociación. La desregulación que se anunciaba como una decisión tomada terminó convertida en un tema abierto a revisión.
