Mientras los incendios forestales siguen afectando a la región, los gobernadores de las provincias afectadas pidieron la declaración nacional de la emergencia ígnea. Fue ayer en una conferencia de prensa conjunta entre los mandatarios de las 5 jurisdicciones afectadas. Buscan que el Congreso les habilite más recursos para combatir las llamas.
La iniciativa fue presentada por Nacho Torres, de Chubut, quien sostuvo que “Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado nacional”. En su terruño se van quemando unas 45 mil hectáreas de un total de casi 230 mil hectáreas incendiadas.
Según informaron ayer, La Pampa cuenta 168 mil hectáreas afectadas por las llamas, Río Negro 10 mil, Neuquén 6 mil y Santa Cruz 700. “La Patagonia no es un territorio aislado y el fuego no reconoce límites ni distingue entre partidos políticos, razas o religiones. Por eso pedimos a todos los bloques del Congreso que acompañen este proyecto con la urgencia que el momento exige”, dijo Torres.
Tras la presentación de la iniciativa, distintos sectores de la política salieron a manifestar su apoyo. Así lo hizo la Unión Cívica Radical (UCR) y Mauricio Macri, pero también legisladores nacionales del peronismo. De hecho, desde el gobierno de La Pampa (Sergio Ziliotto) agradecieron “la adhesión y el respaldo de los legisladores nacionales del Partido Justicialista (PJ), tanto diputados como senadores“.
Así las cosas, es de esperar que la iniciativa sea aprobada en ambas cámaras. Sin embargo, el Congreso no tiene previsto sesionar hasta la semana que viene en lo que será el segundo periodo de sesiones extraordinarias de este verano. El problema es que el proyecto de la emergencia ígnea no está en el temario por lo que no está permitido su tratamiento.
Qué establece la ley de emergencia ígnea para la Patagonia
El proyecto declara la emergencia ígnea en los términos previstos en la Ley 27.287 y establece la declaración de zona de desastre para los territorios afectados. Esto habilita el uso de herramientas excepcionales para la gestión del riesgo, la protección civil y la asistencia a las comunidades damnificadas.
Asimismo, autoriza a la Agencia Federal de Emergencias -o al organismo que en el futuro la reemplace- a disponer de los recursos presupuestarios necesarios para la prevención y combate de incendios forestales y rurales; la atención, mitigación y recomposición de los daños sufridos por personas, familias y bienes afectados; el apoyo y la asistencia a las provincias y municipios alcanzados por la emergencia y la ejecución de todas las acciones previstas en el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.
